Al parecer, el país aún no se recupera de los efectos del tsunami de 2010, enfrentado con una negligencia preventiva que derivó en la lamentable pérdida de cientos de vidas. El trauma de esa tragedia ha sido tan profundo que, quince años después, parece persistir una respuesta casi patológica: resguardarnos al extremo y prácticamente cerrar el país ante cualquier amenaza de desastre.

Chile es un territorio golpeado constantemente por la naturaleza: terremotos, incendios forestales y aluviones forman parte de nuestra realidad geográfica. Sin embargo, la reacción ante cualquier riesgo visible, aunque sea una lluvia intensa, ha pasado a ser el cierre masivo de escuelas, suspensión de actividades económicas e incluso paralización de ciudades completas. Esta lógica resulta tan absurda como pretender que la solución a la inseguridad ciudadana sea simplemente no salir a la calle.

Estas decisiones tienen costos relevantes, no solo económicos, sino también sociales y culturales. Suspender clases afecta el aprendizaje, cerrar comercios perjudica a trabajadores y emprendedores, y paralizar ciudades enteras golpea la actividad productiva. Por ello, es fundamental exigir que estas decisiones no se tomen únicamente bajo la presión del miedo o la reacción política inmediata, sino con criterios técnicos claros y protocolos estandarizados que evalúen proporcionalmente los riesgos.

La verdad es que, a pesar de convivir históricamente con amenazas naturales, Chile no está preparado para enfrentar emergencias de manera estratégica. Así lo demuestra un estudio reciente de la Pontificia Universidad Católica: 75% de las comunas del país no contempla áreas de riesgo en su Plan Regulador Comunal (PRC). Esta cifra es alarmante. Una comuna que carece de planificación territorial adecuada no solo se expone a mayores daños ante un desastre, sino que acepta implícitamente la posibilidad de perder vidas humanas y patrimonio social, económico y ambiental.

La falta de planificación preventiva nos empuja hacia la sobrerreacción. Como no existen planes comunales robustos ni estrategias de mitigación, las autoridades adoptan medidas extremas para minimizar riesgos inmediatos, aunque éstas impliquen impactos colaterales significativos. La ausencia de preparación se traduce en decisiones drásticas que, aunque bien intencionadas, generan un círculo vicioso: la improvisación ante la emergencia alimenta el temor social, y el temor social legitima decisiones extremas.

En un país donde los desastres naturales seguirán siendo parte de la vida, la clave no es cerrar ciudades ante cada amenaza, sino abrir la discusión sobre cómo planificar mejor.

Por Ignacio Serrano, Director de Desafío Levantemos Chile.