El 18 de octubre de 2019 comenzó en Chile una revuelta que, erróneamente denominada como “estallido social”, quedó lejos de ser un simple levantamiento espontáneo.

Hoy sabemos con claridad que se trató de una acción de carácter predominantemente delictivo, con un inicio coordinado —la quema de estaciones del Metro— a la que la izquierda, actualmente en el gobierno y bien representada en la candidatura presidencial de Jeannette Jara, brindó apoyo generoso y aprobación pública.

La reacción del gobierno de entonces, sorprendido por aquella embestida, fue dubitativa y desacertada. Esa debilidad condujo finalmente a la entrega de la Constitución vigente —un hecho que, a la larga, significó (por lo menos) tres años perdidos para el país y el desamparo de Carabineros. De hecho, el uso de la fuerza que se atribuye a los cuadros policiales desbordados para contener la insurrección no se compara, ni siquiera de cerca, con el nivel de violencia destructiva desencadenado por la autodenominada “primera línea”. Este grupo de facinerosos fue ampliamente idealizado y alentado por numerosos políticos y comunicadores que hoy, cuando no permanecen mudos, ofrecen únicamente tímidas y parciales mea culpa, confiando en que el paso del tiempo acalle la memoria ciudadana sobre su lamentable contribución a sostener la asonada durante semanas.

Recién el 4 de septiembre de 2022 el pueblo chileno rechazó de manera categórica el proyecto de Carta Magna radical y refundacional que diversos grupos de izquierda —fortalecidos por el impulso del 18 O y con el apoyo irrestricto del Presidente Boric y su gobierno— quisieron hacer valer para conducir a la Nación hacia el descalabro, de la mano de subversivos, marxistas de siempre y grupos neomarxistas de nueva hora.

Mientras tanto, los millones de chilenos que, seis años atrás, respaldaron la revuelta con su silencio, sus simpatías iniciales y una marcha pacífica multitudinaria el 25-O, siguen esperando, como en aquel entonces, soluciones reales a las carencias que ya habían sido identificadas y que hoy son incluso más apremiantes que las de 2019. La frustración y la rabia acumuladas que nutrieron el terreno abonado para los sucesos de octubre siguen latentes.

Chile requiere con urgencia un significativo cambio de rumbo para salir del marasmo en el que se encuentra. Para lograrlo, es imprescindible contar con gobernantes y legisladores que coloquen el bien común patrio por encima del interés particular o ideológico-partidista.

El próximo 16 de noviembre los electores —connacionales y extranjeros habilitados— tendremos nuevamente la palabra. No desaprovechemos la oportunidad. Modifiquemos la ruta del país como en aquel histórico 4 de septiembre.

Por Álvaro Pezoa, Director Centro Ética y Sostenibilidad Empresarial, ESE Business School, Universidad de los Andes