A lo largo de su historia, Chile ha avanzado en la construcción de un ecosistema institucional de políticas públicas, marcos legales e instituciones que no responden a coyunturas ni a mayorías circunstanciales, sino a acuerdos democráticos construidos en el tiempo para garantizar los derechos y una vida plena para las mujeres.

Este recorrido ha sido largo y no exento de dificultades, pero consistente en una dirección clara: consolidar y ampliar derechos, remover barreras legales explícitas y construir una institucionalidad capaz de sostener estos avances en el tiempo.

Se trata de iniciativas acumuladas a lo largo de diversos ciclos políticos, que han involucrado a distintos poderes del Estado, al sector privado y a la sociedad civil, y que han situado los derechos de las mujeres en el centro. Son acuerdos transversales, debatidos y construidos a lo largo de los años, que expresan una decisión colectiva: avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.

En las últimas décadas, este proceso se ha traducido en avances concretos: desde la ratificación de instrumentos esenciales como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belém do Pará, hasta la incorporación de garantías laborales fundamentales, como la prohibición de condicionar la contratación a la ausencia de embarazo y la consagración de la igualdad salarial; desde el postnatal parental hasta la aprobación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados; desde el reconocimiento de la violencia intrafamiliar y el femicidio hasta la promulgación de la Ley Integral contra la Violencia de Género; desde mecanismos para fortalecer la participación política de las mujeres hasta la aprobación de la ley Más Mujeres en Directorios; y desde la creación del Servicio Nacional de la Mujer hasta el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Y hay mucho más, en ámbitos igualmente fundamentales para el desarrollo de las mujeres y del país, sin los cuales hoy resulta difícil imaginar nuestro marco institucional.

Pero este camino no ha concluido. Las brechas persisten y no pueden minimizarse: las mujeres presentan mayores tasas de pobreza que los hombres, continúan subrepresentadas en espacios de decisión y siguen asumiendo de manera desproporcionada el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, con impactos directos en su capacidad de insertarse y mantenerse en el mercado laboral y en su autonomía económica. Reconocer estos desafíos no invalida los avances alcanzados; por el contrario, refuerza la necesidad de consolidarlos y profundizarlos.

De cara a cada nuevo ciclo político, el desafío no es redefinir el camino recorrido, sino consolidar y proyectar lo ya avanzado. Y este no es la excepción. Se trata de un reto estructural, urgente e impostergable. Porque hay discusiones que no deben depender de quién gobierna, sino del tipo de sociedad que hemos decidido ser.

Por Cristina Vio, directora ejecutiva de ComunidadMujer