Los recientes desalojos de la toma Calicheros de Quilpué y Dignidad en La Florida dejan varias conclusiones que merecen un análisis.

Partamos por los aspectos positivos.

La recuperación de los terrenos de la familia Correa en Quilpué es una señal sólida para el Estado de Derecho. Cierra un doloroso ciclo para una familia víctima de las mafias de terreno, y la condena a los autores es un mensaje potente contra quienes lucran con la precariedad.

En el caso de La Florida, se reduce el riesgo para las familias que vivían al borde del zanjón de La Aguada, expuestas a potenciales desbordes. Además, se ampliaron accesos a un sector “laberíntico” que facilita el ocultamiento de actividades delictivas. Es igualmente positivo que ambos procedimientos se hayan desarrollado en condiciones pacíficas, desactivando el argumento de la “batalla campal” que suele justificar la inacción estatal.

A pesar de los logros, persisten preguntas esenciales: ¿A dónde van las familias la noche del desalojo? ¿Dónde reconstruyen sus vidas quienes pierden su única vivienda? ¿Van a otras viviendas? ¿Vuelven de allegados? ¿Por cuánto tiempo? ¿Llegan a otros campamentos o quedan en la calle? La mayor parte de ello es desconocido.

Respecto de las medidas transitorias que se han propuesto para abordar la situación de las familias desalojadas, se ha querido instalar la interpretación de que los albergues no utilizados son prueba de que las familias tenían dónde vivir. Pero al escuchar a los desalojados, se indica algo distinto: los albergues son descartados por su inutilidad para guardar los bienes rescatados de las viviendas demolidas, por requisitos restrictivos y por la humillación del acoso mediático.

Si bien es positivo que el Serviu ofrezca subsidios de arriendo temporales, vemos en la práctica que muchos de ellos son imposibles de aplicar dado los requisitos que exigen (particularmente a familias migrantes que no califican). Debido al revuelo mediático, se ha generado desconfianza en los arrendadores tanto para con las familias desalojadas como para con el Serviu como pagador.

Finalmente, una conclusión emerge con mucha claridad: las familias terminan más empobrecidas y dañadas producto de los desalojos. En lo económico, pierden lo invertido en sus viviendas (muchas de ellas, fruto de los 10% de sus fondos previsionales) y los ahorros habitacionales de una espera interminable; en lo familiar, padres e hijos divididos por semanas buscando una mínima estabilidad habitacional; en lo institucional, una nueva y más grave desilusión en un sistema de protección social que, se supone, es equitativo.

Para evitar el daño que hoy están causando los desalojos, es indispensable implementar un dispositivo social adecuado que vele por los derechos de las familias y que facilite una salida voluntaria con tiempo suficiente y alternativas habitacionales reales.

Hasta horas antes de iniciarse las demoliciones en Quilpué, no existía un catastro fidedigno que permitiera conocer la verdadera situación socioeconómica de las familias. ¿Cuántas familias llegaron ahí por aprovechamiento y cuántas por falta de mejores opciones? No lo sabemos, pero es más difícil conocerlo cuando el empadronamiento se realiza en tiempo récord, muy distinto a lo ocurrido en desalojos como el que concretó la Municipalidad de Maipú con el campamento Japón, que trabajó con antelación y entregó distintas opciones habitacionales a las 94 de las 100 familias que terminaron por reubicarse.

De aquí se desprende el desafío principal: las familias que habitan en los cerca de 50 campamentos con órdenes pendientes de desalojo carecen de un estándar claro sobre cómo se desarrollarán los procedimientos. A pesar de los convenios internacionales y las observaciones de organismos como el INDH o la Defensoría de la Niñez, no existe un protocolo común. Como TECHO hemos insistido en que el Ministerio del Interior genere estas directrices para las Delegaciones Presidenciales, asegurando que no se aumente el daño ni se agrave la precaria situación de decenas de miles de personas. Estos compromisos siguen sin concretarse.

Finalmente, es abrumadora la superficialidad con la que el país está abordando esta crisis. Resulta revelador el rol de algunos medios de comunicación que han convertido los desalojos casi en una forma entretenimiento, más orientados a buscar episodios estridentes, cuando no insultantes, que a presentar lo delicado de la realidad y apuntar a las razones de fondo de estos fenómenos, ignorando la emergencia habitacional que mantiene a medio millón de hogares sin un lugar adecuado para vivir.

Los desalojos abordan las legítimas reclamaciones de los dueños, con más o menos efectividad, pero están desplazando y postergando las necesidades básicas de las familias. Si la superación de los campamentos fue por décadas un indicador de desarrollo social, hoy es tratada como un subproducto de la crisis de seguridad. Un mal diagnóstico no solo agrava hoy el problema, sino que impide estar a la altura de esta urgente situación social.

Por Benjamín Donoso, capellán de TECHO-Chile