La frase “Santiago es Chile” expresa la raíz de nuestro problema: un desarrollo centralista con sesgo antirregional. Los hechos confirman que Santiago concentra las decisiones políticas y económicas, lo que ha generado una desconexión con las realidades del resto del país.

Bastan unos pocos datos reveladores: en Chile, la inversión pública subnacional representa solo el 11,8 % del total, frente al 58,8 % en promedio en la OCDE. Y las regiones deciden solo el 15 % de lo que se invierte en su territorio, muy por debajo del 30–50 % de los países desarrollados.

La elección democrática de gobernadores regionales marcó un avance, pero persisten vicios institucionales: (i) el delegado presidencial, que compite con el gobernador; (ii) los Seremis, delegados ministeriales que responden a lógicas sectoriales, no territoriales; y (iii) la transferencia de funciones sin los recursos necesarios. ¿El resultado? Una descentralización nominal, pero no efectiva.

Un país largo y diverso como Chile no puede abordarse con una sola fórmula. Las realidades regionales varían profundamente en términos productivos, energéticos, climáticos y sociales. La perspectiva centralista —sesgada desde Santiago— es insuficiente, distorsionada y errada. Chile sin Santiago representa el 98% del territorio. Por ello, urge reducir la dependencia regional del gobierno central.

El debate nacional sobre crecimiento adolece de cortoplacismo y ceguera territorial. Se focaliza en: (a) equilibrios macroeconómicos (inflación y gasto fiscal); (b) requerimientos para aumentar la inversión privada —menos impuestos, menos permisos, menos regulación, más certeza jurídica— y; c) propuestas difusas para aumentar la productividad.

Lo anterior, con una ausencia total de visión de largo plazo. En Chile domina el cortoplacismo y el fundamentalismo de mercado. Se nos dice que el Estado debe restringirse y que no puede “elegir sectores ganadores”. Pero eso es, precisamente, lo que hicieron las economías exitosas del Sudeste Asiático.

Hoy no hay brújula. No hay estrategia de desarrollo. No hay horizonte de país. No hay visión de futuro. Estamos en un Titanic donde cada uno toma el timón por su cuenta, esperando que los precios del libre mercado lo arreglen todo.

La perspectiva regional sobre crecimiento incorpora orientación y oportunidad. La descentralización implica que cada región deberá definir y conducir su propia trayectoria de crecimiento y desarrollo. Gobernadores y CORE deberán responder preguntas claves: ¿Qué sectores liderarán el crecimiento y desarrollo regional? ¿Cuáles son las prioridades sociales y territoriales? ¿Cómo generar más y mejores empleos? ¿Cómo atraer inversión y aumentar la productividad, especialmente de las PYMES? ¿Qué región queremos en 2050?

La herramienta principal es la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD): una carta de navegación que define objetivos, identifica obstáculos y prioriza acciones e inversiones de largo plazo. Se construye mediante un análisis de la estructura productiva y se implementa con una “cuádruple alianza” entre autoridades regionales, sector privado, academia y sociedad civil.

Cada ERD parte de la hipótesis de que las exportaciones son el motor del crecimiento regional. Ya no se trata de vender a Santiago, sino de insertarse en el mundo. Cada región tiene ventajas comparativas distintas (minería, agroindustria, energía, pesca, forestal, turismo, etc.), y puede diseñar su estrategia con tres enfoques complementarios:

1. Ventajas comparativas reveladas: aprovechar lo ya existente con mayor eficiencia y diversificación de mercados de destino.
2. Ventajas comparativas dinámicas: incorporar tecnologías emergentes (IA, digitalización, electromovilidad, cambio climático) para diversificar las exportaciones.
3. Calidad de vida: considerar aspiraciones sociales y bienestar regional. Esto corresponde al enfoque conceptual de “ir más allá del PIB”.

Una descentralización real de la inversión pública como herramienta territorial permitiría orientar mejor esta inversión, adaptándola a las realidades locales. Decidir desde la región sobre obras viales, salud o vivienda permite eficiencia, rapidez y apropiación comunitaria.

La propuesta es clara: aumentar la capacidad de decisión de los gobiernos regionales sobre inversión pública, sin necesariamente aumentar el presupuesto, pero sí fortaleciendo capacidades técnicas locales. Sin embargo, desde 2018 se prometen mayores atribuciones regionales en esta materia sin que ninguna de ellas se haya cumplido. El Estado sigue controlando desde el centro.

Mucho se habla de “modernizar el Estado”: digitalización, reducción, control de corrupción, pero la verdadera modernización es la descentralización regional efectiva. ¿Por qué? Porque el motor del crecimiento está en las regiones: el 91,5 % de las exportaciones chilenas provienen de ellas. La Región Metropolitana aporta solo el 8,5 %.

Si las regiones generan el crecimiento, ¿por qué no se les transfiere poder y decisión?

Por Patricio Meller, profesor titular de Ingeniería Industrial, U. de Chile