SEÑOR DIRECTOR:

Uno de los proyectos de ley más emblemáticos del actual gobierno ha sido el reemplazo del CAE por el FES. Tras un encendido debate durante 2025, su tramitación se paralizó casi totalmente. No deja de sorprender.

En su origen, el proyecto tenía una virtud y dos graves defectos. En lo positivo, crear un nuevo sistema de ayudas estudiantiles con fondos públicos y mecanismos idóneos de cobro. Sus dos defectos: primero, prohibir el copago estudiantil y fijar el número de vacantes por programa, con lo cual las universidades perdían una fuente vital de financiamiento y crecía el control del Estado, amenazando su autonomía. Y, segundo, crear un sistema de contribuciones de los graduados desvinculado completamente del costo de los estudios y fuertemente progresivo; en los tramos superiores se podía transformar en un impuesto que podía superar tres o cuatro veces el costo de la carrera.

Frente al vendaval de críticas, trascendió que el gobierno se allanaba a restablecer completamente el copago, eliminar la fijación de las vacantes y volver al esquema de generar un crédito con montos de deuda conocidos de antemano por el estudiante, tasa de interés del 4% y con pagos contingentes a la renta del egresado. Para rentas bajas se incorporaría una eventual condonación, como ocurre en la mayoría de los países de la OCDE. Así, el Ejecutivo renunciaba a sus dos emblemas con el fin de llegar a un acuerdo. Además, se reponían las becas de arancel, el financiamiento se haría extensivo a la educación semipresencial y eventualmente a la online, y se proyectaba un alivio fiscal al postergarse el ingreso a la gratuidad de los deciles 7 al 10.

Han pasado 20 años desde la creación del CAE. La ausencia de mecanismos de cobranza lo transformaron en un sistema muy regresivo -miles de deudores con capacidad de pago que nunca han pagado- y fiscalmente muy oneroso. Con una morosidad del 70%, el CAE obliga a un gasto anual permanente sobre la línea por U$ 1.000 millones. Es llamativo que, en tales circunstancias, la oposición manifieste su negativa a seguir la tramitación, aun sabiendo los beneficios fiscales de las nuevas condiciones del FES.

En el actual escenario de estrechez fiscal, negociar un acuerdo no es una señal de debilidad y especular sobre un eventual “mejor” resultado en el próximo gobierno es ilusorio. Si el propósito es contar con las mejores políticas públicas para Chile, entonces legislar hoy es un imperativo.

Sylvia Eyzaguirre

Investigadora sénior del CEP

Carlos Williamson

Investigador principal de CLAPES UC