“Ud debe considerar que esa rana es un vector que representa un ecosistema que tiene 500 años de antigüedad”. Así defendió una señora la mantención de un humedal urbano que permitía escuchar el croar de esos anfibios en Puerto Montt. La discusión se produjo en un seminario donde vimos cómo la mala aplicación de la ley de humedales ha agravado la permisología que tiene ahogada la inversión y el crecimiento de Chile.

La organización Ramsar define a los humedales como “zonas donde el agua es el principal factor controlador del medio y la vida vegetal y animal asociada a él”. Ahí cabe la rana y su hábitat, pero también reservas de agua dulce o zonas bajas donde no es posible urbanizar por los riesgos de inundación o afloramiento de napas. En estos casos las restricciones ambientales se justifican totalmente. El problema ocurre en otros cuerpos de agua, que fueron incluidos en el inventario de humedales elaborado por el Ministerio del Medioambiente (MMA) debido a la deficiente metodología utilizada.

Como el MMA no tenía tiempo ni recursos, realizó el inventario con fotos satelitales y mapas térmicos demasiado generales para la realidad que pretendían regular. Se sumaron valiosos estuarios y lagunas, pero también embalses artificiales, acequias o tranques de regadío que fueron leídos por el satélite cuando tenían agua, pero que hoy están secos ya que cumplieron su vida útil.

Como el inventario manda, cualquier inversión que se ubique sobre o cerca de los cuerpos de agua registrados debe realizar un Estudio de Impacto Ambiental. Y la opción de tocarlos es alta.

El inventario incluye 111 mil cuerpos de agua, que cubren una superficie de 6 millones de hectáreas, equivalentes a 70 ciudades del tamaño de Santiago. Otro problema es que el inventario es dinámico. Tanto el Estado como los privados pueden solicitar la inclusión de nuevos humedales, afectando a proyectos que ya sacaron todos sus permisos sectoriales. Por esta razón, tenemos casi 2 mil viviendas sociales paralizadas en Osorno, Viña del Mar y Puerto Montt.

Cuando la regulación es excesiva e irracional, surgen atajos para saltársela. En materia de vivienda esto ocurre con las tomas de terrenos, los loteos irregulares o ciertas tipologías de parcelas de agrado. Como no respetan la ley de humedales, ni exigencias básicas de urbanización, compiten en condiciones muy favorables con los proyectos que se someten a la permisología. Esto explica el fuerte crecimiento de estos atajos, pese a que generan justo el efecto contrario al buscado por la ley de humedales, ya que tanto las tomas, como loteos irregulares y parcelas de agrado descargan sus aguas servidas sobre napas, quebradas o lagunas.

¿Cómo podemos corregir la permisología sin comprometer la protección de humedales? Lo primero es afinar el inventario del MMA, eliminando los cuerpos de agua que nunca debieron estar incluidos. También debemos modificar el reglamento de la ley, para permitir que los titulares de un proyecto delimiten el humedal, determinando si deben realizar un Estudio de Impacto Ambiental. Para evitar que se esto se transforme en atajo, la autoridad puede realizar fiscalizaciones en terreno con multas ejemplificadoras.

En segundo lugar, necesitamos plazos de vigencia del inventario sin ventanas abiertas para que se sumen humedales que paralicen proyectos que ya cumplieron sus permisos.

La preservación del hábitat de las ranas no puede ser a costa de las necesidades de vivienda o energía solo porque leyes que bien inspiradas, quedaron mal diseñadas en su aplicación práctica.

Todo indica que los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad van por ese mismo camino. En la Región Metropolitana extendieron el Humedal Batuco hasta un sector residencial de Lampa denominado Valle Grande, donde viven 30 mil personas que podrían sufrir una pesadilla burocrática, solo porque un regulador se equivocó de zoom al momento de delimitar su sitio prioritario.

Por Iván Poduje, arquitecto.