Hay escándalos que golpean por su novedad y otros por la crudeza de lo que revelan sobre el funcionamiento interno del poder. La indagatoria que encabeza la Fiscalía Regional de Valparaíso sobre la senadora Camila Flores (RN), por un presunto fraude al fisco de carácter reiterado, pertenece a esta segunda categoría: la del feudalismo parlamentario. Lo que la Unidad Anticorrupción y el OS9 de Carabineros buscan esclarecer no es una zona gris administrativa, sino la existencia de un mecanismo de extracción sistemática de fondos diseñado para operar desde la jerarquía misma del cargo.

Bajo diligencias reservadas y respetando el principio de inocencia, la tesis fiscal habilita un análisis político de fondo. De confirmarse la denominada “cuota Flores” —un retorno sistemático en efectivo de los sueldos de asesores pagados con asignaciones parlamentarias— estaríamos ante una distorsión terminal: el despacho parlamentario transformado en estructura de recaudación privada, financiada con el dinero de todos los chilenos.

El costo humano merece atención particular. Si para trabajar en el Congreso se debe tributar al legislador, se rompe el contrato ético fundamental con el Estado. El asesor deja de ser valorado por su capacidad técnica o su aporte al debate legislativo para ser medido por su disposición a participar de un sistema de retornos en la penumbra. Es la meritocracia reemplazada por servidumbre; el sueldo público, tratado como botín redistribuible a voluntad del superior de turno.

Aquí la ruptura del discurso cobra una relevancia devastadora. Flores cimentó su carrera en la retórica de la mano dura, el orden y la persecución del delito. Cuando quien exige castigos ejemplares para el delincuente común es la misma figura que enfrenta sospechas por coordinar entregas de efectivo en su oficina, la confianza se quiebra. El electorado no perdona que las reglas que se exigen para otros no se apliquen en casa.

La defensa ha optado por la tranquilidad judicial y la denuncia de persecución política. Es una estrategia legítima, pero choca con una ciudadanía incrédula ante explicaciones corporativas. El riesgo democrático no es solo el fallo judicial, sino la pregunta que instala: ¿cómo es posible que una estructura así operara ocho años sin ser detectada por los controles internos del Congreso? La respuesta apunta a un fracaso sistémico de la fiscalización entre pares, más diplomática que eficaz, más reactiva que preventiva.

El costo de la corrupción no se mide solo en los $300 millones en la mira fiscal, sino en la desafección de quienes aún creen en la política como herramienta de cambio. El dinero se restituye; la fe pública en la integridad de quienes legislan es un activo mucho más difícil de recuperar. No estamos ante un delito económico solamente, sino ante la quiebra de una autoridad que predica el orden para los demás y se reserva el privilegio del desorden para sí misma.

Por Tatiana Klima, socia directora Criteria Comunicaciones.