El Congreso se quedó con la tarea para marzo. La reforma tal como está planteada no es suficiente para enfrentar el problema de pensiones en Chile. Sobre la mesa tenemos una política pública mala.
La propuesta Letelier-Goic no responde el problema fundamental detrás de las bajas pensiones en Chile: las lagunas y la subcotización. Tampoco se hace cargo de la razón fundamental por la cual los sistemas de pensiones están en crisis; el envejecimiento de la población. Su objetivo es otro; instalar un sistema diferente al que se ha desarrollado a lo largo de décadas.
El primer pilar de pensiones solidarias reemplazaría la PBS y APS con una Pensión Básica Universal Garantizada. Esta idea tiene mérito, pero es cara. La mayoría de los países con beneficios distributivos planos (por ejemplo, Australia, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Suecia, e Islandia) focalizan esta transferencia hacia la población de menores ingresos.
El segundo pilar consistiría en ahorro obligatorio con dos componentes: (1) Un programa de ahorro individual, que reemplazaría el sistema ahora administrado por las AFP y compañías de seguros, por un programa de manejo centralizado de cuentas individuales. Este programa centralizado operaría con gestores privados para administrar los fondos. (2) Un nuevo componente público, de Ahorro Colectivo Solidario, al que se destinaría una cotización adicional de 6% a cargo del empleador y sin tope. Este aporte iría a una cuenta nocional individual que registra 2% del ingreso promedio y 4% del ingreso individual.
El beneficio que se obtiene a partir de la cuenta nocional tiene una garantía en función de los años de aporte y de los depósitos a la cuenta; los retornos acreditados son a discreción de la autoridad, lo mismo que un cálculo de renta vitalicia. La pensión total incluye, además, un ajuste por equidad de género y ofrece una garantía solidaria, en función de los años cotizados, elemento que puede subir las pensiones de los actuales pensionados. Sin embargo, estas garantías ayudarán poco al 51% de los pensionados con menos de 20 años de aporte, o al 81% con menos de 30.
El tercer pilar, de ahorro voluntario, incentivaría el Ahorro Previsional Voluntario, restringiendo aquellos beneficios tributarios que benefician principalmente a las personas de más altos ingresos.
El modelo de cuentas nocionales se inspira en el sistema sueco, donde las contribuciones obligatorias suman 18,5% del ingreso, y donde la tasa de reemplazo total promedio es de 40% y se proyecta a la baja. Al igual que en Chile hoy, los incentivos en Suecia son fuertes hacia postergar la pensión y/o continuar en la fuerza de trabajo. El sistema sueco también ajusta las pensiones frente a períodos de baja en los retornos, como sucedió después de la crisis financiera de 2008. ¿Qué sentido tiene aceptar los riesgos de una intervención radical que ignora el diagnóstico de los expertos?
La evidencia nos enseña que los incentivos actuariales a postergar la pensión no son suficientes y que es necesario incorporar en la ley una edad normal de pensión que aumenta con la esperanza de vida. No podemos escapar de la necesidad de ahorrar, y de ahorrar más si vivimos más. La discusión actual en el Congreso nos distrae de lo esencial y no apunta a verdaderas soluciones.
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