Un 53% de las personas confía mucho o bastante en las fundaciones que prestan servicios sociales y un 42% en las que promueven causas específicas, encontrándose en cuarto y quinto lugar, respectivamente, detrás de las Universidades, PYMES y Carabineros de Chile y por encima de la Iglesia Católica, municipalidades, grandes empresas, gremios empresariales, medios de comunicación y partidos políticos.

Esto revela un estudio realizado por Sociedad en Acción, del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, liderado por Ignacio Irarrázaval. Antes de junio de 2023, esto no nos sorprendería, dado que era común que la sociedad civil gozara de confianza y buena reputación. Lamentablemente, este sector se vio severamente golpeado por el caso Convenios, que llevó al Ministerio Público a abrir investigaciones en todas las regiones del país, involucrando a figuras de diversos partidos políticos y destapando incluso el arriendo de fundaciones para, presuntamente, hacerse fácilmente con recursos públicos por servicios que o no se prestaban o no había experiencia alguna para hacerlo con calidad.

Por esto, las cifras, si bien no son extraordinarias, muestran que el sector se ha ido recuperando del daño que menos del 1% de las fundaciones causó al resto. Entre los atributos más valorados están la calidad de su trabajo, su aporte a la calidad de vida de quienes atienden y su rápida reacción ante emergencias o catástrofes. Un 57% cree que quienes las integran trabajan principalmente por compromiso con una causa, y un 85% está de acuerdo con que el Estado colabore con ellas, traspasándoles recursos, para mejorar el bienestar de las personas.

Sin duda, noticias alentadoras para organizaciones que cumplen una función social imprescindible. A pesar de lo anterior, el mismo estudio revela ciertos desafíos y áreas a fortalecer, como la eficiencia en el uso de sus recursos, garantizar su autonomía y la equidad en el trato a todas las personas. Parte de esto depende de las propias fundaciones, y ya hay avances, como el aumento de instrumentos de transparencia y rendición de cuentas, entre ellos la FECU Social. Pero también siguen pendientes iniciativas legislativas y de gestión de la agenda surgida tras el caso Convenios, que proponen modernizar la regulación de transferencias del Estado a la sociedad civil, establecer normas de transparencia y rendición de cuentas de esos recursos y conocer mejor quiénes controlan o dirigen estas organizaciones a través de un registro de beneficiario final.

Ya hemos visto que la alta confianza y buena reputación en el sector puede ser un riesgo ya que permite que personas poco escrupulosas lo utilicen para esconder mal uso de recursos públicos, entre otras irregularidades. Por lo mismo, hay que fortalecer la gobernanza y modernizar los registros existentes, entre otras reformas, para dar las garantías de que la sociedad civil continuará operando con altos niveles de calidad y transparencia.