La crisis provocada por la irrupción del crimen organizado es probablemente el mayor de los desafíos que ha debido enfrentar Gendarmería a través de su historia institucional. La contingencia de los últimos años, de manera creciente ha colocado a Gendarmería en el centro del combate contra este flagelo que se instaló en Chile en las últimas décadas. Y esto es por razones muy precisas: la primera de ellas, porque las bandas más cruentas en las operaciones criminales, como son los secuestros, homicidios y sicariatos, no solo nacieron al interior de recintos carcelarios, sino que operan desde su interior; crecieron inmersas en una cultura penitenciaria, conocimiento que les permite ser muy eficientes para controlar ese pequeño gran territorio; y una vez que lo hacen, instalan literalmente sus oficinas al interior de las cárceles, en las cuales el Estado por defecto les brinda protección (ya no están prófugos), y tienen todos los derechos básicos resueltos en tal condición. Además, el poder económico y extorsivo del crimen organizado hace que los gendarmes sean vulnerables a la corrupción.

El diseño actual de Gendarmería está pensado para otro tipo de delincuentes, que de alguna manera también era considerado una víctima, esta vez de la sociedad, por sus carencias vitales, que supuestamente lo arrastraban al mundo del delito. Por lo tanto, los programas de reinserción, principalmente acotados al cumplimento de penas alternativas a la libertad, a las libertades condicionales y sistema de beneficios carcelarios, tienen un sesgo paternalista y culposo.

Hoy, más que nunca se requiere no solo una reingeniería del sistema penitenciario, sino que hacer un ajuste de la estructura del servicio de Gendarmería, que dé respuesta a una problemática de este tiempo y lugar.

El cambio de dependencia desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad Pública parece de toda lógica. Se trata de construir una cadena de mando que no esté sujeta a coordinaciones intersectoriales, sino que a una estructura jerárquica única en torno a un problema tan sensible como es la seguridad pública.

Múltiples vocerías, incluidas las gremiales en ellas, solo causan confusión en la ciudadanía, frente a un problema de Estado y cuya cabeza es el Ministerio de Seguridad Pública.

Asimismo, Gendarmería debiera focalizar su acción exclusivamente en la población recluida y en la seguridad; es parte de su ADN y de lo que la sociedad le exige. Actualmente, son algo más de sesenta mil las personas privadas de libertad. Por lo tanto, los cerca de cien mil condenados que cumplen sus penas en libertad, y que también dependen de Gendarmería, debieran pasar a depender de otro servicio que se encargue de este segmento.

En la realidad actual, con una sociedad víctima del crimen organizado, globalizado y altamente complejo, Gendarmería de Chile puede optar por lo que debiera ser su identidad como integrante sustantivo del circuito de seguridad pública. Es el momento de bogar por la seguridad y por la cárcel como un instrumento de castigo y persuasión, en los cuales la reinserción debe tributar también a la seguridad pública. Gendarmería debe resolver: ser o no ser parte del circuito de seguridad pública, esa es la cuestión.

Por Claudio Martínez, ex director nacional de Gendarmería