El gobierno del Presidente Kast ha quedado bajo “fuego graneado”, en parte por errores autoinfligidos (fallos comunicacionales, anuncios y nombramientos que se revierten) y, por otra, debido a la inevitable necesidad de adoptar decisiones impopulares, como la del alza de los combustibles. Los hechos están ahí y, en aquello que sea posible, deben ser enmendados rápidamente. Un gobierno que no logra ordenar su comunicación ni afinar bien sus decisiones, erosiona innecesariamente su propia autoridad.

No obstante, aquello que admite matices es el juicio que algunos están intentando “instalar”, al evaluar a esta administración como si hubiese llegado a ejercer el poder en una situación de normalidad, con condiciones estables y márgenes de maniobra generosos. Nada más lejos de la realidad.

El punto de partida ha sido derechamente adverso. El gobierno anterior dejó sin resolver problemas, y en demasiados casos los generó o profundizó. La mala herencia dejada no es una abstracción retórica, sino un cuadro concreto; se entregó un “campo minado”, con urgencias acumuladas y espacios de acción estrechos al límite. El desafío resultante para quien recibió el “legado” es enorme: intentar recuperar y reconstruir sobre bases profundamente dañadas. Este es el primer dato que se está omitiendo con ligereza. Y no es menor, porque condiciona las prioridades y las decisiones, al tiempo que aumenta sus correspondientes costos políticos.

El segundo factor es, asimismo, determinante. La escalada del conflicto en Medio Oriente ha sacudido los mercados energéticos globales. El alto valor del crudo no responde a decisiones domésticas, sino a tensiones geopolíticas que ningún gobierno chileno podría controlar. En una economía abierta y altamente dependiente del combustible importado, ese shock externo se traduce, inevitablemente, en un significativo aumento de precios internos. ¿Subir el valor del petróleo y la gasolina es una medida impopular?, sin duda. ¿Es esquivable el contexto que lo gatilla?, no. Pretender lo contrario es, simplemente, desconocer cómo funciona el mundo real.

Así, el gobierno enfrenta una doble presión: una interna, heredada y asfixiante; y otra externa, imprevisible y muy costosa. No es una excusa, es el escenario concreto. Evaluar sin considerar esta situación es, en el mejor de los casos, un análisis incompleto; en el peor, una apreciación injusta.

Por cierto, nada de esto exonera al Ejecutivo de sus yerros. Debe corregirlos pronto si no quiere que se transformen en un problema mayor. Pero también es cierto que la vara con que se le mide debiera incorporar el “terreno” sobre el cual está forzado a desplegarse.

La democracia necesita crítica. Pero precisa que esta se haga apegada a la verdad. Cuando se juzga ignorando las condiciones efectivas, se engendra una grave distorsión. Por eso, más que nunca, conviene recordar lo evidente: este es un gobierno que navega en aguas turbulentas: intenta fijar rumbo en medio del tsunami propiciado por una pésima gestión y una tormenta internacional inesperada. Esto importa.

Por Álvaro Pezoa, Director Centro Ética y Sostenibilidad Empresarial, ESE Business School, Universidad de los Andes