En un mundo donde más del 80% del valor de las empresas proviene de activos intangibles —como marcas, patentes, software y secretos industriales—, llama la atención que muchos directorios aún operen como si el valor de la compañía estuviera en sus activos físicos.

Resulta aún más difícil de comprender, si consideramos que los principales indicadores internacionales de desarrollo incluyen la innovación como variable central. El Global Innovation Index de la OMPI, por ejemplo, mide no solo el gasto en I+D, sino también outputs como patentes, software y marcas, reconociendo a la innovación como motor esencial de competitividad. Lo mismo ocurre en los estudios de la Ocde, que desde hace años advierten que el crecimiento sostenido depende cada vez más de la capacidad de los países para generar y absorber conocimiento. En paralelo, los índices de rendimiento empresarial más relevantes —como el S&P 500, donde cerca del 90% del valor proviene de activos intangibles— confirman que la innovación y la propiedad intelectual son el corazón del valor corporativo. Sin embargo, en Chile y en gran parte de América Latina estos factores siguen siendo marginales en la conversación empresarial y de política pública, como si la innovación fuera un lujo y no un componente estructural de la competitividad.

Hoy, los boards son notoriamente homogéneos. Abundan perfiles financieros, legales corporativos o ejecutivos tradicionales, pero escasean quienes entienden la lógica de la innovación, la creación de valor desde el conocimiento y los riesgos asociados a la propiedad intelectual. Esta falta de diversidad constituye un punto ciego de la gobernanza empresarial.

La forma tradicional de crecer en los negocios ha sido, por ejemplo, mediante eficiencia operativa, digitalización y automatización, apertura de nuevos mercados, o fusiones y adquisiciones. En esas áreas nuestros directorios suelen moverse con solidez y conocimiento, pero todas ellas tienen un límite natural. La innovación, en cambio, no lo tiene. Ella abre caminos infinitos de creación de valor. El riesgo de no incorporarla plenamente no se limita a posibles sanciones o vulnerabilidades: implica también un cúmulo de oportunidades perdidas. Cada invención no protegida, cada desarrollo no gestionado como activo y cada conocimiento no comercializado, representan valor que se desvanece sin que la empresa siquiera lo perciba. Este es el gran punto ciego de muchas organizaciones, que siguen confiando demasiado en las recetas conocidas y postergan la apuesta por el conocimiento y la creatividad. Esto no significa que las empresas chilenas no estén innovando; al contrario, muchas veces desarrollan soluciones valiosas en sus operaciones o servicios, pero por desconocimiento no logran identificarlas ni capturarlas como activos estratégicos.

La incorporación de expertos en propiedad intelectual e innovación a los directorios no es un lujo, sino una necesidad urgente. Estos profesionales aportan una visión complementaria y crítica: ayudan a proteger los activos estratégicos antes de que sea tarde, a detectar oportunidades de licenciamiento o expansión, y —no menos importante— a prevenir infracciones a derechos de terceros.

Este último punto es especialmente relevante para las empresas nacionales. Con la nueva Ley de Delitos Económicos, las personas jurídicas pueden responder penalmente por conductas relacionadas con la infracción de derechos de autor (que incluye el software), marcas, secretos comerciales y patentes. Esto eleva significativamente el estándar de diligencia que se espera de las organizaciones. Ya no basta con alegar ignorancia. El desconocimiento, la falta de control o la omisión de medidas razonables puede acarrear consecuencias penales.

Por eso urge diversificar. Un buen directorio no es aquel en que todos saben lo mismo, sino aquel que se complementa. Y hoy, más que nunca, las competencias en propiedad intelectual e innovación no pueden seguir quedando fuera de la sala donde se toman las decisiones.

*El autor es socio de Santa Cruz IP y exdirector de Inapi.