La educación pública camina inexorable hacia la tumba, y los sectores que dicen defenderla, solo contribuyen a apurarle el paso. Por razones obvias, la crisis del Instituto Nacional ha concentrado la atención pública, pero junto a ella conviven fenómenos similares: sólo en 2018 los alumnos del Liceo Amunátegui realizaron cinco tomas, la última de las cuales terminó con la sala de profesores y los libros de clase quemados; en el Javiera Carrera hubo doce tomas en un año; en una de las tantas movilizaciones del Darío Salas un grupo de estudiantes roció con bencina a una profesora y el Internado Barros Arana culminó una toma con tal grado de destrucción, que las clases debieron trasladarse a un recinto provisorio por varios meses. La educación pública camina inexorable hacia la tumba, y los sectores que dicen defenderla, solo contribuyen a apurarle el paso. Por razones obvias, la crisis del Instituto Nacional ha concentrado la atención pública, pero junto a ella conviven fenómenos similares: sólo en 2018 los alumnos del Liceo Amunátegui realizaron cinco tomas, la última de las cuales terminó con la sala de profesores y los libros de clase quemados; en el Javiera Carrera hubo doce tomas en un año; en una de las tantas movilizaciones del Darío Salas un grupo de estudiantes roció con bencina a una profesora y el Internado Barros Arana culminó una toma con tal grado de destrucción, que las clases debieron trasladarse a un recinto provisorio por varios meses. 

Pero la violencia estudiantil no está sola: periódicamente los paros de los profesores hacen su aporte a la pérdida de clases. Sin ir más lejos, en el que aun no acaba de concluir, 600 mil alumnos estuvieron cerca de seis semanas aburriéndose en sus casas; en una anterior movilización gremial ya se habían perdido más de cincuenta días.

Sin embargo, esta dura realidad no es compartida por todos; al contrario, los colegios particulares pagados, donde se educan los hijos de la elite económica y política del país, habitan algo así como un universo paralelo. Establecimientos al margen de las movilizaciones y la violencia estudiantil, donde los profesores no pierden horas de clases sumándose a las huelgas, ni hay grandes carencias de infraestructura. Y fundamentalmente, donde los parlamentarios no han tenido la menor intención o posibilidad de llevar adelante experimentos ideológicos que pongan en riesgo su calidad y condiciones de privilegio.

En esta pequeña y soleada isla de la educación chilena, nadie ha pretendido impedir que los recursos de los padres hagan la diferencia, que los establecimientos puedan seleccionar según estimen convente, o prohibirles tener fines de lucro. Cuando la ex Nueva Mayoría decidió bajar a la clase media de los patines, optó por dejar a los hijos de la elite avanzando a toda velocidad sobre sus "skates". Ahora el Congreso decide que el mérito tampoco puede existir en la educación con recursos públicos, por tanto, pasará a reforzar también el privilegio de unos pocos.

Las razones por las cuales la educación de la elite no ha sido tocada ni con el pétalo de una rosa son obvias; entre ellas está que los hijos de la mayoría de los parlamentarios, incluso los "progres", van a esos colegios. Para todos los demás, en especial, los niños de los liceos fiscales más modestos, la oferta es atroz: tomas, huelgas y pérdida de las clases, padres que no pueden aportar recursos propios, nada de selección o mérito y, en los casos más dramáticos, overoles blancos y bombas incendiarias.

 En resumen, la élite puede seguir durmiendo tranquila: después de más una década de luchas estudiantiles y reformas "inclusivas", sus hijos seguirán asistiendo a colegios que tienen aseguradas todas las condiciones para hacer la diferencia. Y los demás tendrán que seguir enfrentando una situación donde el deterioro de la calidad y el fracaso social están siendo día a día asegurados.