Como consecuencia de las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial, los estados adquirieron un compromiso con la humanidad e iniciaron un proceso de tipificación de los crímenes internacionales. El Tratado de Roma (1998) se erigió como el órgano internacional de persecución penal. Sin embargo, en la actualidad recibe amenazas cada vez que abre investigaciones por supuestos crímenes internacionales cometidos por las potencias relevantes o algunos de sus aliados. El Presidente Trump ha sido explicito en ello, señalando que las acciones tendientes a investigar a Estados Unidos e Israel son ilegítimas. Concretamente ha intentado intimidar a los jueces del máximo tribunal penal a través de sanciones.

Por ello, podemos afirmar que se está desautorizando el mecanismo que permitía enfrentar la macrocriminalidad, reabriendo los caminos a las hostilidades en el escenario internacional. En efecto, boicotear la acción de la Corte Penal Internacional conducirá a una total impunidad y, de paso, garantizará el ascenso de la criminalidad, ya que resituará al terrorismo de Estado como una acción válida para que los estados alcancen sus objetivos políticos.

El criterio sobre el cual se ideó la prevención de los crímenes internacionales fue el establecimiento de un órgano con potestad para perseguir las responsabilidades individuales por parte de quienes dictaron las órdenes para cometer los actos criminales, en específico el genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Actualmente observamos en las disposiciones de los propios miembros permanentes del Consejo de Seguridad una actitud que acrecienta la impunidad. En efecto, los obstáculos para prevenir los crímenes internacionales no sólo provienen del hecho que Estados Unidos, Rusia y China no hayan ratificado el Tratado de Roma, sino que también porque han manifestado no estar dispuestos a permitir el funcionamiento de la Corte Penal si consideran que sus investigaciones perjudican algunos de sus intereses en el escenario mundial.

En efecto, la agresión liderada por Estados Unidos en contra de Irak y el paragua de protección que brinda a Israel ante los presuntos crímenes sobre Palestina; los eventuales crímenes de guerra de Rusia en contra de Ucrania; y la posición beligerante de China respecto a los grupos que exigen autonomía política al interior de su territorio, son algunos ejemplos de cómo estos actores globales tienden a relativizar sus obligaciones en la materia.

En consecuencia, si a fines del siglo XX se logró un consenso amplio sobre el Estatuto de Roma, el cambio de paradigma en materia de seguridad se habría reformulado con posterioridad a los atentados de las Torres Gemelas y las disputas por el reparto de poder mundial, lo que nos permite advertir que actualmente enfrentamos una nueva crisis de humanidad amparada principalmente por la imposición de la impunidad.

Por Jaime Abedrapo, director de PUBLICUSS