SEÑOR DIRECTOR:

Se ha convertido en casi una tradición que cada Presidente se salte, de un modo u otro, la institucionalidad ambiental. Lo hizo Lagos con Alumysa, Bachelet con Hidroaysén, Piñera con Barrancones y ahora lo hace Boric con Dominga. Los casos no son iguales, pero todos tienen en común que no se dejó a las instituciones funcionar libremente, sino que fueron objeto de una orden política desde más arriba.

Este gustito es caro. Y no me refiero a la inversión que deja de entrar al país, sino al deterioro progresivo a las instituciones. Mucho caudal se ha hecho acerca de tecnificar la institucionalidad ambiental. Pero la señal que se da con este tipo de situaciones es justamente la contraria. Para despolitizarla, lo primero que se debe hacer es no intervenir en sus procedimientos, reglados por lo demás. El perfeccionamiento del SEIA como un todo -que actualmente se discute- pierde relevancia cuando esto ocurre.

Si aspiramos a un desarrollo sustentable, debemos cuidar las instituciones y dejar que -realmente- funcionen, sin intervención alguna. ¿Será esto posible?

Alejandro Ruiz Fabres

Abogado y máster en Gestión Ambiental

Ex presidente del Tribunal Ambiental de Santiago