Si no es por la intervención de la embajada norteamericana, los chilenos nos habríamos enterado al estar todo consumado. En la persona del canciller, la primera versión fue que el acuerdo para la instalación de un cable submarino entre Chile y China, se encontraba en una etapa “sumamente” inicial. Después supimos que el ministro Muñoz había firmado el decreto para la concesión el 27 de enero y que la anuló 48 horas después, luego que el representante de EE.UU. en Chile advirtiera de las implicancias que el proyecto tenía para su administración, incluida la decisión de imponer restricciones de visado a tres autoridades chilenas. Cuando la opinión pública se enteró de ambas cosas -la anulación exprés del decreto ministerial y las sanciones a connacionales- la versión del gobierno para la primera fue un “error de tipeo”.

Pero no es todo. En ese contexto el Presidente Boric y su vocera insistían en que Chile no acepta presiones ni advertencias sobre decisiones soberanas, es decir, exactamente lo que hizo dos días después de la firma del decreto: dejarse presionar para retraer una decisión estratégica. Con todo, ahora sabemos que el 29 de enero el Ministerio de Medioambiente de China autorizó la instalación del primer segmento del cable submarino, de una extensión aproximada de 870 km.; o sea, para la contraparte chilena este era ya un proyecto en pleno desarrollo y no un prospecto en etapa inicial.

En síntesis, el compromiso adquirido por Chile con su primer socio comercial, una decisión con claras implicaciones estratégicas y geopolíticas, no será tan fácil de deshacer como anular un decreto por errores de tipeo. Del mismo modo como se hizo con la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU -sumando a los gobiernos de México y Brasil- sin informar a las nuevas autoridades chilenas, ahora también el Presidente Kast tendrá que escoger entre una política que tensiona la relación con el actual gobierno de EE.UU., o incumplir un acuerdo muy relevante con el Estado chino. De nuevo, los costos de este manejo desprolijo e irresponsable en materias internacionales, no lo pagarán Gabriel Boric ni su administración, sino la próxima y, sobre todo, Chile en su conjunto.

En ambas decisiones, no hubo una discusión nacional para generar una auténtica política de Estado. Al contrario, se buscó operar en la lógica de los hechos consumados, donde la eventualidad de no seguir adelante con decisiones de gobierno tenga costos relevantes para la nueva administración: entre ellas la decisión de sumar a México y Brasil a la candidatura de Bachelet sin informar al nuevo Presidente, y firmar el decreto sobre un cable submarino con China sin un debate a la altura. En simple, decisiones deliberadamente efectuadas en la opacidad y no informadas a las futuras autoridades. Situaciones críticas impuestas otra vez sobre el destino de la política pública y de las cuales sus responsables saldrán, como siempre, dando explicaciones inverosímiles, no haciéndose cargo y sin asumir las consecuencias.

Por Max Colodro, filósofo y analista político