Los conflictos de interés no desaparecen, se gestionan

Vivimos en sociedad, creamos vínculos, conocemos personas diversas que se desempeñan en distintos ámbitos y cargos y, por lo tanto, vernos enfrentados a un conflicto de interés puede ser más común de lo que creemos.

En esa línea, la reaparición de Pablo Longueira en la agenda pública trajo a la memoria los grandes escándalos que explotaron hace algunos años y que incluían el financiamiento ilegal de la política y los conflictos de interés evidenciados en la toma de decisiones por parte de parlamentarios favoreciendo a empresas de las que habían recibido dinero. Estos hechos, excusados en la frase “todos lo hacen” o “yo no hice nada malo, porque pensaba igual que la empresa”, derrumbaron la (errada) percepción de que en Chile estas cosas no ocurrían.

Lamentablemente siempre que escuchamos las defensas de estos casos, apelando a que se votó por convicción, se olvidan de un pequeño gran tema: el conflicto de interés, o cómo cambia una opinión cuando una empresa financia tu campaña, o hay un pago de por medio.

Al respecto, cabe destacar que hoy, con la modificación de la figura de cohecho, ya no deberíamos encontrarnos con estos problemas entre empresa y política, ya que todo pago recibido por un funcionario público es considerado cohecho, sin la necesidad de demostrar que se actuó en favor de la empresa.

En el mundo privado, los conflictos de interés también se dan con frecuencia. Ya conocimos el caso del expresidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, acusado de ejercer supuestas presiones para que se contratara de manera directa, en la División Salvador, a la empresa Indak, propiedad del socio de su hijo. Un mes después, el hijo de Pizarro compró un terreno en Chicureo por $75 millones, el que pertenecía a su socio, y el que adquirió a un precio muy inferior al valor de mercado. El CDE se querelló contra el exejecutivo de Codelco, ya que habría usado sus influencias en la contratación de la empresa ligada al socio del hijo.

Existe una delgada línea que debemos enfrentar, para evitar caer en hechos que puedan resultar irregulares, incluso sin buscarlos, y que pueden generarnos un conflicto de interés a la hora de optar por un trabajo, tomar una decisión o votar por un proyecto. Para esto, se debe declarar e informar todo lo que pudiera causar problemas en nuestro actuar, tanto personal como profesional, y las empresas tienen el rol fundamental en gestionar estos conflictos.

Tomar una decisión declarando el conflicto o potencial conflicto de interés, es completamente distinto a tomarla ocultándolo, ya que a futuro, si se conoce ese conflicto –y lo más probable es que así sea- siempre estará la duda de si esa decisión se tomó por un beneficio personal al no haber existido la debida transparencia.

En Chile, existe el delito de negociación incompatible, también incluido en la ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, el que señala que será sancionado quien tome interés, directa o indirectamente, de un negocio, actuación, contrato, operación o gestión en la cual interviene, además, en razón de su cargo. Pueden cometer este delito los empleados públicos, los árbitros, liquidadores, veedores, peritos, guardadores o albaceas y directores o gerentes de sociedades anónimas.

Ante esto, las organizaciones deben generar políticas orientadas a crear una cultura ética, donde exista transparencia y conciencia de qué podría afectar a mi entorno, y donde a la vez, no haya temor a declarar potenciales conflictos de interés, ya que a través de la confianza, podremos prevenir o resolver a tiempo alguna situación antiética.

Desde los organismos públicos debe existir el mismo compromiso en pos de la transparencia, además de ser estrictos y exigentes con la declaración de intereses de los funcionarios del Estado, ya que si la sociedad desconfía de sus autoridades e instituciones, éstas se debilitan, dejando un terreno fértil para la corrupción.

Entonces, manejar los conflictos de interés no es difícil, pero debemos tener claro que todos los tenemos y/o tendremos en algún momento, y que éstos se deben gestionar (incluso los potenciales conflictos), declarándolos por muy pequeños o lejanos que parezcan. La transparencia debe comenzar por nosotros mismos.