SEÑOR DIRECTOR:

La promulgación de la Ley N°21.717, destinada a regular los denominados “funerales de alto riesgo” o “narcofunerales”, está lejos de zanjar el debate público que se ha generado en torno al tema.

Si bien esta normativa tiene como objetivo prevenir actos delictivos y episodios de violencia asociados a este tipo de ceremonias, el hecho de permitirlas —aunque bajo un estricto control policial— no parece disipar la preocupación de la ciudadanía frente al avance de la narcocultura.

De hecho, surgen preguntas legítimas: ¿Por qué permitir la realización de estas ceremonias, aunque sea por un plazo máximo de 24 horas? ¿Por qué tolerarlas en vez de prohibirlas? ¿Regular este tipo de funerales no implica, de algún modo, normalizar su existencia y con ello la cultura narco? ¿Vamos por el camino correcto al optar por regular en lugar de erradicar? Estas interrogantes han vuelto con fuerza al debate público, especialmente tras el reciente funeral del “Guatón Mutema”, que volvió a exponer la magnitud del fenómeno en los hechos.

No obstante, regular no equivale a legitimar. Hacerse cargo de una realidad o problemática compleja mediante una ley no significa validar ni tolerar la narcocultura, sino todo lo contrario: acotarla, restringirla y proteger a la ciudadanía frente a sus expresiones más peligrosas.

La implementación de esta ley representa un paso relevante en la lucha contra el crimen organizado. No se trata de avalar ni escoltar estos eventos, sino de establecer límites claros que resguarden a la población frente a manifestaciones que alteran gravemente la convivencia social y que tienen un alto potencial dañino.

Por Loreto Hoyos, directora Grupo Penal Albagli Zaliasnik