En una democracia plena, el derecho a informar y ser informado no es solo un principio fundamental, sino una práctica esencial que mantiene el equilibrio de poderes. La libertad de prensa es la piedra angular sobre la que se sustenta una sociedad transparente. Es el periodismo, en todas sus formas, desde los grandes medios de comunicación hasta las radios comunitarias, el que tiene el poder de visibilizar aquello que, en ocasiones, se busca ocultar. Es a través de los periodistas que se revelan los hechos y situaciones de interés público que, de otro modo, quedarían en las sombras, preservando el derecho de la ciudadanía a conocer la verdad y a participar activamente en los asuntos que les afectan.

En este contexto, resulta preocupante el avance de un proyecto de ley conocido como Ley Mordaza 2.0, que busca sancionar la difusión de información contenida en investigaciones penales reservadas, incluyendo aquella publicada por periodistas que no participaron en su filtración. Es cierto que la defensa del debido proceso es un principio que debemos proteger, pues garantiza la justicia, en un marco de transparencia y legalidad, sin embargo, el debate que plantea esta ley nos pone ante un falso dilema que conlleva que defender el debido proceso viene aparejado con la penalización de quienes ejercen el derecho a informar, sacrificando uno de los pilares más importantes de la democracia. La prensa no puede ser una pieza más en el engranaje judicial, sino un actor independiente.

No podemos aceptar que se castigue al mensajero, mucho menos cuando el Poder Judicial ha demostrado tener grietas graves en lo que respecta a la filtración de información, las que están lejos de ser accidentales o neutras; por el contrario, en más de una ocasión han tenido una dirección política muy clara y los beneficiarios han sido los sectores más poderosos, quienes, al desclasificar información específica, logran influir en la opinión pública, condenando mediáticamente a personas y organizaciones, antes de que se haya iniciado cualquier proceso judicial.

Tengamos en cuenta que las filtraciones de causas pueden socavar el principio de inocencia, vulnerar derechos fundamentales y convertirse en un arma política que distorsiona el ejercicio de la justicia. La solución propuesta por parlamentarios de derecha es amedrentar al periodismo, siendo que silenciar a los medios de comunicación no solo atenta contra la libertad de expresión, sino que también es un ataque directo al derecho de la ciudadanía a estar informada.

En lugar de castigar a quienes informan, debemos abordar el problema de las filtraciones de forma integral, buscando mecanismos para garantizar que no perjudiquen el proceso judicial ni la integridad de las investigaciones. No se trata de elegir entre libertad de prensa y justicia; se trata de encontrar un equilibrio entre ambas. Debemos garantizar que el periodismo siga cumpliendo su función sin temor a ser castigado, mientras protegemos el debido proceso y la confidencialidad en los casos judiciales, implementamos medidas eficaces que impidan que la información confidencial sea utilizada con fines políticos o estratégicos por algunos sectores de la sociedad.

El rol de las y los periodistas no puede ser reducido a una pieza de la maquinaria judicial, estos deben tener la libertad de investigar, divulgar y difundir información que, de otro modo, quedaría oculta. No puede ser un delito informar, pues ello amenaza la transparencia, la justicia y la democracia. Si el Estado no es capaz de controlar adecuadamente sus propios flujos de información, no podemos trasladar esa responsabilidad a la prensa, que, en última instancia, tiene la función de velar por el derecho a la información de la ciudadanía.

En definitiva, defender la libertad de prensa es defender la democracia. La lucha por una prensa libre no es solo una tarea de periodistas, sino una causa que nos interpela a todos y a todas como sociedad. Quienes creemos en un país más justo debemos constituirnos sobre la base de la verdad, la transparencia y el acceso libre a la información. El derecho a la información no puede estar mediado por intereses políticos o económicos, por lo que debemos rechazar cualquier intento de silenciar a la prensa, pues la verdadera justicia solo es posible en un entorno donde se respete la libertad de informar y ser informado.

Por Felipe Maltés, Secretario Nacional de Comunicaciones del Frente Amplio