El abogado de la Universidad del Mar y diputado socialista Daniel Manouchehri Moghadam Kashan Lobos, nacido en Austria, de padre iraní y madre chilena, ha ganado figuración mediática –que es lo que busca de cara a las elecciones- promoviendo dos polémicas medidas: prohibir el voto de extranjeros avecindados (residentes por más de cinco años desde la obtención de la residencia temporal) en las elecciones de mayor relevancia, y terminar con el uso de la Unidad de Fomento (UF) en las principales operaciones que hoy la utilizan.

El argumento esgrimido por el socialista contra el voto extranjero –otrora promovido por toda la izquierda universalista- es que sólo los chilenos deben decidir el futuro de Chile, porque sólo ellos tendrían un interés permanente en el país. Es decir, que la residencia estable no bastaría para asumir ese interés. Esta idea, tomada en serio, defiende que cualquier persona con nacionalidad chilena, aunque lleve viviendo fuera del país por décadas, está en mejor posición que un extranjero que lleve el mismo tiempo viviendo en Chile para decidir sobre sus asuntos políticos. Esto, contra la lógica que indicaría que quienes se ven directamente afectados por las decisiones tomadas son los que tendrían mayores incentivos para decidir con diligencia. ¿Por qué un chileno que no paga impuestos en Chile, no reside de forma estable acá ni mantiene su patrimonio en el país tendría mayores derechos políticos que un extranjero que sí lo hace? Podría discutirse si el plazo de cinco años es suficiente, pero, en todo caso, debería estar prohibido que estas decisiones afectaran al periodo electoral próximo a ellas, para evitar el oportunismo.

Manouchehri no recurre ni a la justicia ni a la lógica, sino a la rabia y frustración generada por la crisis migratoria. Busca el beneficio electoral propio quitándoles derechos no a los migrantes ilegales o que cometan delitos –ninguno de ellos puede votar-, sino a los migrantes legales y obedientes. El carácter arbitrario de su razonamiento quedó expuesto cuando aseguró, en un acceso de chauvinismo, que no quería que los asuntos chilenos se decidieran en referencia a “una isla caribeña”, y que nuestras elecciones debieran tener olor “a vino tinto y empanadas” y no a “arepas y ron”.

Finalmente, lo que parte de la izquierda busca con esto es evitar que los venezolanos traumatizados por la dictadura castro-chavista que arrasó con su país voten en el nuestro, pues probablemente no lo harán por fórmulas parecidas. Cálculo pigmeo.

Pero si esa propuesta es mezquina, la de eliminar la unidad de fomento es un insulto a la inteligencia. ¿Qué es la UF? No es un dinero alternativo, sino una unidad indexada que actualiza su valor de acuerdo a las variaciones que experimenta el nivel de precios del consumidor (IPC), con el objetivo de mantener la capacidad de compra del dinero. El nombre original de la UF, cuando fue creada en 1967, era unidad de fomento del ahorro, pues lo que buscaba era que la gente ahorrara sin temor a que la inflación se tragara su dinero. Luego la UF comenzó a ser utilizada en distintas operaciones de crédito, especialmente de largo plazo, como el crédito inmobiliario, permitiendo el desarrollo y democratización de mercados que de otra forma no existirían.

Si no pudiera utilizarse la UF, los contratos inmobiliarios y arriendos se indexarían a otra cosa (metal precioso, bonos o moneda extranjera) o, como en Argentina, terminarían siendo en euros o dólares, restringiendo y encareciendo la operación del mercado. Si lo que las personas resienten es no ganar su sueldo en UF, bastaría exigir que todo contrato incluyera reajuste según IPC –lo que tendría sus propias complicaciones-, o exigirles a los bancos que, además de los depósitos a plazo en UF que hoy están obligados a proveer, ofrezcan cuentas que operen en dicha unidad (como hoy lo hacen con dólares). También se podría prohibir a las isapres cobrar en UF y luego reajustar alegando un aumento en el costo de los insumos, y una serie de otras cosas. Pero el político chanta no busca aliviar problemas, sino aprovecharse de ellos para mantener su cargo y su sueldo millonario, pagado por todos los contribuyentes (incluyendo extranjeros).