Qué duda cabe que en los últimos dos años el Poder Judicial ha enfrentado una profunda crisis. La filtración de los audios que involucraban a Luis Hermosilla abrió el escaparate respecto de una serie de prácticas cuestionables. Su episodio más grave -de lo que sabemos hasta ahora- es la trama de la Muñeca Bielorrusa. Con la severidad propia de estos tiempos, la crisis ha costado las destituciones de cuatro ministros de tribunales superiores (y otros tantos sujetos a investigación o acusaciones constitucionales) y ha sembrado un manto de dudas general sobre nuestro sistema de justicia.

La tentación del Congreso ha sido, no sin algo de oportunismo, exigir responsabilidades personales. Eso es razonable, pero la guillotina es adictiva, y deja poco espacio para hacerse cargo del problema de fondo. Por una parte, hace más de dos años del escándalo, no se observan avances en la modificación del sistema de nombramientos de los funcionarios judiciales. Es decir, se mantiene un sistema de elección que depende de los votos del Congreso y fuerza a los interesados -los jueces- a hacer campaña silenciosa ante quienes, paradójicamente, luego los juzgan por hacerlo. Es difícil imaginar un peor incentivo.

Los datos sobre tramitación de causas son aún más graves. El año 2024, la Corte Suprema tuvo más de 62.000 ingresos de causas, las Cortes de Apelaciones más de 251 mil; y los tribunales civiles nada menos que 1.229.000.-. Esto significa que, solo por ingresos nuevos, los tribunales deben conocer entre 250 y 4.800 causas diarias, dependiendo de la instancia del juicio. Si se reduce o depura el número según el número de jueces en cada tribunal, cada juez, individualmente hablando, debe conocer del orden de 50 causas al día. Todo lo anterior, sobre la base de un procedimiento anacrónico, con funcionarios sobrepasados y jueces que no tienen posibilidad real -legal o práctica- de analizar directamente cada causa con la profundidad e inmediación que ella requiere. No hay juez en la tierra capaz de cumplir con los estándares exigidos en esas condiciones.

Esto no significa que las críticas sean injustificadas o que las sospechas sean infundadas, pero sin duda matiza el problema. La última reversión de Frankenstein, de Guillermo del Toro, plantea una pregunta sugerente respecto de la creación -maravillosa u horrífica- de una persona viva a partir de retazos y partes de otros cuerpos muertos: cuál de estas partes contiene el alma. El Poder Judicial también se construye en base a distintas partes. Y, de igual manera, su alma no está en una parte o persona particular, sino en un diseño institucional -procedimientos, controles e incentivos- que aseguren la adecuada imparcialidad e independencia de los jueces, fortalezca la celeridad e inmediación en la resolución de conflictos y reduzcan la dependencia en la virtud o defectos de sus operadores.

El Congreso puede continuar cortando cabezas, asumiendo el riesgo de que vuelvan a crecer. Si se quiere cuidar de verdad el Poder Judicial, nuestros recién electos representantes podrían guardar la guillotina, desempolvar la reforma procesal civil y revisar el mecanismo de nombramientos de los tribunales superiores de justicia. Ahí está el alma del sistema.

Por Diego Navarrete, abogado