SEÑOR DIRECTOR:

Poca novedad trajo la cuenta pública en materia de seguridad, pese al extraño optimismo del gobierno y a diagnósticos al menos cuestionables.

Según cifras del Sistema Táctico Operativo Policial de Carabineros, 2022 fue el año con el mayor número de homicidios desde el inicio de la medición; y 2023, el segundo: 834 y 813, respectivamente. Solo en el primer año del gobierno del Presidente Boric aumentaron un 42,2%. Además, en 2022, 2023 y lo que va de 2024, los robos con violencia se han incrementado ininterrumpidamente un 65%, 8,5% y 1,4%, respectivamente, mientras los delitos de mayor connotación social aumentaron 45,7% en 2022 y 5,5% en 2023. Esto, sin contar que la percepción de inseguridad, según la última Enusc, se elevó a niveles históricos, con un 90,6%.

Tampoco hay que olvidar que la primera urgencia legislativa impulsada por el Ejecutivo fue al proyecto que promovía el indulto por delitos del estallido social, y que 13 beneficiados eran peligrosos delincuentes.

A lo anterior se suma el haber calificado la Ley Naín-Retamal como “Gatillo Fácil”, nada más alejado de su espíritu; que la inédita operación extranjera en el secuestro y posterior asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda fue una afectación grave a la soberanía nacional, y que el reciente homicidio de tres funcionarios policiales es el más grave en la historia reciente de Carabineros de Chile.

Así las cosas, sugerimos mirar en profundidad los datos e indicadores, asumiendo -de una buena vez- la seguridad como una política de Estado.

Pablo Urquízar M.

Pilar Lizana T.