Luego de casi ocho años de tramitación legislativa, el Congreso Nacional ha despachado para su promulgación una nueva Ley de Inteligencia del Estado, destinada a sustituir la vigente desde el año 2004, que por dos décadas reguló el funcionamiento del sistema de inteligencia nacional. Se trata de una de reforma estructural relevante —y poco conocida—, cuyo alcance real solo podrá evaluarse con el tiempo, pero que marca una inflexión en el modo en que el Estado democrático concibe, organiza y controla una función esencial para su seguridad y estabilidad.

Una primera consideración, la nueva ley representa un esfuerzo serio de modernización institucional. El texto deja en el pasado el modelo fragmentado y reactivo que caracterizó al sistema anterior, y redefine la inteligencia como un sistema integrado de organismos funcionalmente coordinados, orientados a asesorar al Presidente de la República. El rediseño de la Agencia Nacional de Inteligencia, con estatuto propio, personal de confianza, subdirección, escuela de formación y mayores capacidades analíticas, apunta a dotar al país de una estructura profesional, estable y estratégica, acorde con estándares comparados.

Una segunda consideración, la reforma no soslaya en una dimensión particularmente compleja: tensión entre eficacia en seguridad y cautela de los derechos fundamentales. La ley regula expresamente los procedimientos especiales de obtención de información —interceptaciones, identidades ficticias, agentes bajo cobertura—, sujetando los más intrusivos a autorización judicial previa, prohibiendo su utilización respecto de actividades políticas lícitas y estableciendo responsabilidad penal para las autoridades que ordenen actuaciones ajenas a los fines del sistema. Con ello, se intenta evitar que la inteligencia se transforme en un espacio de discrecionalidad oscura, ausente de frontera jurídica y potencialmente impertinente con un Estado de derecho.

La tercera consideración es quizás la más estratégica y la menos jurídica; el cambio en las características de las amenazas. La ley asume con claridad que los principales riesgos ya no tienen su génesis en las hipótesis históricas de conflicto interestatal, sino del crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo y la infiltración criminal en instituciones públicas. En esa disyuntiva, se refuerzan las funciones de contrainteligencia, incluso al interior de las Fuerzas Armadas y del Estado Mayor Conjunto, reconociendo que hoy la protección del Estado no solo se juega hacia afuera, sino también hacia adentro.

Desde la lógica del control democrático, el nuevo modelo opta por un esquema de control político sin publicidad: una comisión especial de la Cámara de Diputados con acceso reservado, atribuciones de la Contraloría General de la República y un régimen riguroso de secreto y sanciones por divulgación. No se trata de transparencia en sentido clásico, sino de control institucional bajo condiciones de reserva, estructurado sobre experiencias comparadas como la española o la británica.

En síntesis, la nueva ley de inteligencia no es solo una reforma técnica. Es una redefinición estudiada acerca del modo en que el Estado se protege, se informa y se anticipa a las amenazas que ponen en riesgo su estabilidad. Combina modernización organizacional, garantías democráticas y una lectura realista del contexto de inseguridad de la hora actual.

La cuestión de fondo, sin embargo, no es jurídica, sino política y estratégica:

¿Lograremos cimentar, a partir de este nuevo marco normativo, un sistema de inteligencia realmente eficaz, profesional y controlado, o se limitará a producir una arquitectura normativa sofisticada, pero sin capacidad real para enfrentar amenazas que ya están operando dentro del propio Estado? Le corresponderá al gobierno que asume dar los primeros pasos para responder con éxito esta pregunta.

Por Jorge Burgos, abogado, exministro del Interior.