SEÑOR DIRECTOR:

Las megatomas y sus desalojos han acaparado la atención. Según el Catastro de Campamentos 2024 del Ministerio de Vivienda, existen 1.432 asentamientos irregulares, un aumento del 56% en los últimos cinco años.

Sorprende la pasividad de la autoridad frente a estas ocupaciones ilegales, teniendo que ser los tribunales, los que obligan a actuar. La fiscalización está ausente, mientras que quienes desarrollan proyectos de inversión enfrentan arduos procesos de obtención de permisos.

Las tomas carecen de servicios básicos y se ubican en zonas como humedales o quebradas, contaminando cursos de agua. A pesar de esto, no se escucha a la autoridad ambiental. Esto contrasta con las exigencias de estudios que presentan proyectos de edificación por las vías regulares.

Y quienes tramitan patentes municipales son sometidos a un riguroso escrutinio, mientras que el comercio ambulante no es sancionado.

La permisividad frente a la irregularidad y la excesiva burocracia se han instalado en nuestra institucionalidad, desincentivando e incluso frustrando los proyectos y socavando la confianza de la sociedad hacia el Estado.

Daniel Schmidt

Decano de Arquitectura

Universidad Autónoma de Chile