En Chile no solo vivimos una estrechez fiscal. Vivimos estrechez de mente y, por qué no decirlo, de corazón. El Presupuesto 2026, que el gobierno presenta como “legado de responsabilidad”, cierra un ciclo marcado por decisiones erráticas, prioridades poco claras y un desapego hacia la institucionalidad fiscal que tanto costó construir. Nos deja más endeudados, con menos reservas y —quizás lo más preocupante— con una ciudadanía crecientemente escéptica frente a la gestión pública.

Durante cuatro años, el Ejecutivo incumplió todas sus metas fiscales. No una, no dos: todas. Cada año proyectó déficits moderados, y cada año la realidad superó las proyecciones. En 2024, por ejemplo, se esperaba un déficit estructural de -1,9 % del PIB; terminó siendo de -3,2 %. Para 2025, Hacienda partió con una meta de -1,6 %, luego la ajustó a -1,8 %; y la última proyección oficial lo sitúa en -2,2 % del PIB.

La deuda pública pasó de 37,9 % del PIB en 2022 a 42,8 % al primer semestre de 2025, el nivel más alto en tres décadas. El Fondo de Estabilización Económica y Social —creado para enfrentar emergencias— cayó de US$ 8.148 millones en 2022 a menos de US$ 3.600 millones a fines de 2024. Y, como si fuera poco, el traspaso de US$ 3.500 millones desde Corfo, objetado incluso por su vicepresidente, se justificó por problemas de caja y un endeudamiento ya copado. Todo esto bajo el relato de una gestión “responsable”.

El Presupuesto 2026 crece un 1,7%. Esa cifra, en sí misma, no es preocupante: tras años de expansión desmedida, contener el gasto era necesario. Lo cuestionable es en qué se decide gastar y qué se deja fuera. Se eliminó la “glosa republicana” —fondos que tradicionalmente se dejan para el siguiente gobierno— rompiendo un gesto básico de continuidad institucional. A la vez, se incrementan partidas sensibles como cultura, incluso tras escándalos de corrupción que aún no se esclarecen. En vez de corregir, se persiste en prácticas que dañan la credibilidad fiscal.

A esto se suma un trato errático hacia las instituciones técnicas. El Consejo Fiscal Autónomo fue criticado por el oficialismo por advertir lo obvio: que no hay regla que resista la contabilidad creativa. También se tensionó la relación con el Banco Central, otro pilar de largo plazo. Así, logros institucionales forjados en décadas fueron tratados como trabas ideológicas. Y ahora, cuando las cuentas no cuadran, se intenta presentar la escasez como virtud.

Esta pobreza fiscal no sería tan preocupante si no viniera acompañada de una cierta pobreza intelectual. Se ha desdibujado el respeto por la técnica, el compromiso con la verdad y el sentido del deber público. Se repiten consignas, se eluden responsabilidades y, mientras tanto, el país pierde tiempo valioso para retomar el crecimiento y el bienestar.

Entre excusas y lemas, se rompió algo más profundo que la regla fiscal. Se resintieron los equilibrios institucionales, se erosionaron los puentes con los técnicos y se debilitó la confianza democrática cuando los resultados no acompañaron. Hoy se vuelve a advertir sobre la “paz social” si gana la oposición, como si el bienestar nacional dependiera de la continuidad de un gobierno y no de la fortaleza de nuestras instituciones.

La estrechez que deja este ciclo político no es solo fiscal: es cívica. Es el saldo de una visión que confundió el Estado con un escenario, la política con performance y el presupuesto con plataforma. Lo que el país necesita hoy no es solo un ajuste contable, sino un ajuste de carácter: volver a una política donde la responsabilidad no sea excusa, sino convicción; donde la cabeza y el corazón estén al servicio del país, no del partido.

Como cantaban Los Prisioneros: “Puedo entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar… estrechez de corazón.” Lo que hoy se estrechó no fue solo la billetera fiscal, sino el corazón de la tradición republicana chilena. Y ese, más que un problema de recursos, es un problema de espíritu.

*El autor de la columna es profesor titular UC