Por María Jaraquemada, oficial de Programa para Chile y el Cono Sur, IDEA Internacional

La semana pasada, el pleno de la Cámara de Diputados rechazó legislar sobre la obligatoriedad del voto y la posibilidad de desinscribirse antes de cada elección. Mientras que el proyecto que contempla sanciones en caso de no votar está más retrasado y requiere del apoyo e iniciativa del gobierno. Estos proyectos vienen a implementar lo que ya se había despachado por esa misma Cámara y ayer aprobó en general el pleno del Senado: la reforma constitucional que vuelve el voto obligatorio. En caso que finalmente se promulgue dicha reforma, quedaremos con un voto obligatorio en el papel, a la espera de una ley orgánica que lo desarrolle.

Dada la alta probabilidad de que ya no tendremos modificaciones para las elecciones que restan este año, a mi juicio, lo más sensato es dejar esta discusión para la Convención Constitucional. Lo anterior tiene varias ventajas: permite una discusión más desapasionada, dada la inhabilidad de un año de las y los convencionales para cargos populares, dejando la calculadora electoral de lado y mirando más bien al largo plazo. Por otro lado, al diseñarse desde una hoja en blanco nuestra institucionalidad electoral y política, pero considerando todos los avances y desafíos, permite mirar el panorama completo, de modo que la decisión que se tome en torno a este tema converse con el sistema electoral, las facultades que tenga la entidad electoral, las posibles sanciones o incentivos, el sistema de partidos, etc. En un año más tendremos un plebiscito de salida con voto obligatorio que constituirá un gran piloto para tomar aprendizajes de esta experiencia a la hora de tener que implementar este mecanismo.

En esta materia no hay balas de plata y si miramos la experiencia comparada, en general los países tienden a establecer el voto como un derecho y, por lo tanto, voluntario, a diferencia de lo que ocurre en nuestra región, donde lo común es que sea obligatorio, que se puede enfrentar de dos maneras: con sanciones más o menos draconianas y su consecuente fiscalización (como Uruguay, Bolivia, Ecuador) o a través de una obligación-deber, en que realmente no se persigue a quienes no votan (Paraguay, Costa Rica, México). Si uno compara las cifras, pareciera efectivamente haber un impacto en la participación electoral: en el promedio mundial, según IDEA Internacional, hay aproximadamente un 7% de mayor participación en los países con voto obligatorio que los con voto voluntario. En la región, esta diferencia es aún mayor, de un 13%.

Para legislar efectivamente en esta materia hay que hacerlo considerando la cultura y experiencia nacional, las múltiples causas de la abstención y mecanismos complementarios, como sistemas alternativos de votación. Dado que este Congreso ya no alcanza a hacerlo, esperemos entonces que el proceso constituyente sea el espacio para reflexionar y diseñar nuestra institucionalidad electoral y política, de modo que sea más inclusiva y convocante, para ir superando nuestra tan baja participación electoral.