La pasada semana, el Ministerio de Salud envió a la Comisión Mixta de Presupuestos su informe del manejo de Listas de Espera en Salud correspondiente al tercer trimestre del año. El legislador, desde hace muchos años, ha impuesto esta obligación a través de glosas en la Ley de Presupuestos, con el fin de velar que se cumpla con la garantía formal de tiempos máximos de espera en enfermedades AUGE, que incluye 90 condiciones desde este año; pero también para proteger las atenciones de salud no incluidas en el régimen de garantías.

Siendo probable que esta sea la última oportunidad en que el actual gobierno presente este informe, cuya importancia ciudadana no se puede desconocer, no es raro que la comunicación que ha rodeado esta oportunidad haya sido algo imprudente, para generar una imagen de éxito que debe ser ponderada con cautela.

En los datos, respaldados por el propio informe, y por el visor público de Listas de Espera, se dice lo siguiente: los casos NO GES que esperan por una cirugía mayor subieron un 10% entre septiembre 2024 y septiembre 2025. Las atenciones pendientes de atención por especialista bajaron un 3%, quedando en algo más de dos millones, los casos de cirugía menor en espera subieron un 11%, en odontología, un 2%. La media de demora para cirugía mayor bajó a 302 días (de 11 a 10 meses).

Para las listas GES, que cuentan además con una garantía exigible de no demora, las atenciones pendientes más allá del plazo definido bajaron a 80 mil casos, desde los 86,6 mil del año anterior; pero muy lejos de los 77 mil, 70 mil y 50 mil de los años 23, 22 y 2021 respectivamente.

Entre los que están en una lista de espera GES, se cuentan 16.858 atenciones por cáncer, con un claro sesgo en contra de la mujer, por mama y cervicouterino. Esto es, a pesar de que los expertos han recomendado una ventana de tiempo óptima para que las atenciones se hagan, so riesgo de un peor pronóstico y muerte, la obligación vergonzosa que sean las pacientes las que interpongan un reclamo ante la demora, para que le asignen otro lugar y le resuelvan el problema, se mantiene. Así, son los pacientes lo que deben reclamar, caso por caso, que no se cumple la ley, omitiendo la regla obvia, cual es que Fonasa sea el agente obligado a activar automáticamente este mecanismo, con el solo objeto de salvar vidas.

El balance postpademia de las listas de espera es desfavorable. Se deja al próximo gobierno una carga muy pesada, con una reserva de fondos cada vez más estrecha.

Urge un plan de emergencia, que priorice las atenciones en aquellas patologías de mayor riesgo, siendo cáncer la primera en la lista. Asimismo, repotenciar el mecanismo de licitaciones de soluciones paquetizadas entre prestadores públicos y privados, dejando fuera a las sociedades de profesionales que sirven en los hospitales, en beneficio de quienes tienen allí jornadas laborales de al menos 33 horas.

El foco político y comunicacional se centrará desde marzo en “las listas”. Lo que corresponde es centrase en los enfermos.

Por Jaime Mañalich, médico