El regreso a la democracia y los años venideros estuvieron cargados de mejoras significativas en la superación de la pobreza. Este avance es multicausal e incluye elementos tales como reformas tributarias, transferencias de riquezas directas o indirectas o la alternancia en el poder. No obstante, fue el sostenido crecimiento económico el que permitió la generación de riqueza y el acceso a ésta a la población. Ahora bien, una discusión distinta e inacabada es la de su distribución, tal y como sostuvo el Consejo Asesor Presidencial para la Equidad y el Trabajo en 2007 y como reiteró el PNUD en 2018 (Desiguales).

Para alcanzar el desarrollo o superar la pobreza pueden existir diferentes fórmulas. Una de ellas fue la que abrazó de forma pragmática la Concertación en los 90 y la primera década de los 2000, haciendo al mundo privado partícipe de la inversión y prestación de servicios públicos: carreteras, energía, agua potable y salubridad, la construcción de viviendas y hospitales, por mencionar algunos. Esta cooperación se trabó a través de mercados regulados donde existen, entre otras materias, obligaciones claras para los privados y el Estado, la incorporación de elementos técnicos rigurosos para fijar tarifas, mecanismos de solución de controversias, indicadores de calidad, todos orientados a garantizar condiciones de inversión idóneas y de calidad de servicios para la ciudadanía más allá de los límites propios de un mandato presidencial o la legislatura de un Congreso.

El éxito, entonces, descansa en una burocracia altamente calificada que basa sus decisiones en criterios técnicos, con independencia de los vaivenes de las contiendas electorales donde la natural pulsión del sistema político será congraciarse con su electorado a través de promesas que erosionan la capacidad del sistema de ser sostenible.

Lamentablemente al menos dos ejemplos recientes tensionan el cuidado de este esquema de desarrollo: la fallida acusación constitucional al exministro Pardow y el proyecto de ley que busca eliminar las sanciones por no pago del TAG en las autopistas concesionadas. En la primera, se buscaba sancionar al exministro por las decisiones adoptadas por los órganos técnicos, a pesar de que de haberse involucrado en la fijación de las tarifas habría excedido sus competencias constitucionales y legales. En la segunda, se busca eliminar los mecanismos de sanción para quienes no paguen las autopistas, las que gracias al sistema del TAG evitan pagar peajes manualmente y facilitan un tráfico libre en ellas.

Ambas iniciativas parlamentarias comparten el desatender razones técnicas, ya sean de índole constitucional y legal o económicas. Si bien la política no debe someterse irreflexivamente a la técnica, ciertamente no la debe desoír, especialmente cuando las consecuencias de decisiones populares, pero insostenibles, serán las causas de los retrocesos del mañana. ¿Se necesitan más señales para que la reforma al sistema político sea una materia de primera necesidad?

Por Claudia Sarmiento, profesora de Derecho Constitucional, Universidad Alberto Hurtado