El Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) es parte esencial de nuestro sistema previsional. Su propósito es proteger a los afiliados que aún no alcanzan la edad de jubilación ante contingencias graves como la invalidez y la muerte. Desgraciadamente, el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para traspasar su administración al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) tiene serias deficiencias.

El contexto es preocupante: en las últimas dos décadas, las solicitudes de invalidez se han cuadriplicado. Este incremento responde al envejecimiento de la población (ya que hay más siniestros a mayor edad) y a incentivos mal puestos que favorecen pensionarse por invalidez en lugar de por vejez. Los resultados han sido licitaciones incompletas y primas inestables.

La reforma de pensiones aprobada a inicios de año estableció un cambio estructural al traspasar el SIS al FAPP, redefiniendo la distribución del riesgo financiero. Bajo este nuevo diseño, se establece una tasa de cotización fija para financiar el SIS, lo que implica que eventuales aumentos en la siniestralidad recaerán sobre el FAPP.

Este traspaso, sin embargo, no podía limitarse a una modificación institucional. La propia ley mandató acompañarlo de ajustes que garanticen la sostenibilidad del seguro. Es lamentable que el proyecto presentado por el gobierno se limite a una transferencia administrativa parcial, sin abordar los nudos críticos que han tensionado el sistema durante años.

Es más, el proyecto de ley propone separar a quienes gestionan el seguro (las AFP, que seguirán calculando y pagando beneficios y administrando las comisiones médicas), de quienes enfrentarán el costo financiero de la siniestralidad (el FAPP). Este diseño diluye los incentivos para contener los gastos, reproduciendo el problema que Fonasa enfrenta con las licencias médicas: cuando la institución que paga no es la misma que autoriza, los costos tienden a dispararse.

En el contexto de la reforma, la Dirección de Presupuestos supuso que la prima del SIS alcanzaría 1,5% (actualmente 1,88%) y, según sus estimaciones, un aumento permanente de solo de 0,2 puntos porcentuales en su costo bastaría para reducir a la mitad los fondos acumulados del FAPP hacia fines de siglo. Este es un riesgo demasiado alto como para ser ignorado.

Se requieren cambios estructurales. Homologar el SIS al seguro de accidentes laborales para corregir incentivos y contener costos: la pensión de invalidez debería entregarse solo hasta la edad legal de jubilación, y durante ese período se continuaría cotizando para la vejez del afiliado, a cargo del seguro. Además, se debe reforzar la fiscalización con mayor coordinación institucional y el uso de inteligencia de datos. Por último, el traspaso de la gestión del SIS al FAPP debe ser gradual, pero completo, integrando la gestión de las comisiones médicas, con el objetivo de alinear responsabilidad y control.

Si bien el mayor ahorro para las pensiones que establece la reforma previsional supondrá un alivio en el costo del SIS a largo plazo, en el intertanto, el envejecimiento acelerado de la población seguirá presionando las primas al alza. Pretender que el sistema se sostendrá sin realizar los ajustes necesarios es una ilusión peligrosa.

Para que el sistema previsional sea efectivo, justo y viable financieramente, se requiere ir más allá. El tiempo para una reforma integral es ahora.

*La autora del columna es investigadora del Centro de Estudios Horizontal