SEÑOR DIRECTOR

El gasto en salud crece vertiginosamente en todo el mundo, por el desarrollo de nuevos tratamientos y el envejecimiento de la población. En Chile, alcanza a 8,5% del PIB; menos que la mayoría de los países OCDE; pero una parte significativa de este gasto es de bolsillo, no vinculado a seguros, comprometiendo cobertura, resultados y empobreciendo familias. Todas las naciones buscan mecanismos para contener este gasto. La situación de Chile tiene poco margen. Ya se nos describe como uno de los países más eficientes. Podemos mejorar con una salud primaria resolutiva, acortando la estadía en hospitales, adquiriendo fármacos a menor costo y controlando el fraude de licencias médicas; pero el espacio es estrecho.

Esta presión de costos genera problemas en el sector asegurado por Isapres, donde una reforma legal no puede demorar más; pero el centro es el financiamiento de los beneficiarios de Fonasa, que constituye el 80% de la población que concentra la carga de enfermedad. Una necesaria reforma del seguro público requiere un acuerdo político y una estrategia de Estado basado en evidencias y en análisis experto. Tocar un ladrillo aislado, como sería contradecir la lógica solidaria del seguro, "descremando" a los cotizantes de mayor renta, genera más externalidades negativas que beneficios, y es un riesgo para toda la estructura de un edificio de seguro público solidario, que anota más éxitos que fracasos.

Ciertamente, se requiere considerar cómo aumentar el financiamiento. Una opción sería que, del aumento de cotización previsional con cargo al empleador, se apartaran dos puntos, con beneficio tributario, y se destinaran al seguro de salud que los beneficiarios prefieran.

Necesitamos con urgencia avanzar ahora en la Reforma de Isapres, para frenar la onerosa judicialización, la discriminación contra mujeres y la espiral inflacionaria. Asociar el trámite de esta reforma, que podría resolverse en este año, con una reforma a Fonasa, es garantía de no avanzar.

Jaime Mañalich M.

Ex ministro de Salud