El anuncio de la designación de Judith Marín –militante del Partido Social Cristiano (PSC)– como futura titular del MinMujeryEG ha generado reacciones críticas en sectores de izquierda y feministas. Hay quienes han visto en esas críticas signos de “cancelación”, “canutofobia” o discriminación. Por ejemplo, el cardenal Chomalí dijo que “discriminar o cancelar a una persona por la fe que profesa es inaceptable. Es un acto de intolerancia que daña la convivencia, socava el derecho a profesar una fe y la democracia”. Para el arzobispo de Santiago, “Chile es un país laico, […] pero no antirreligioso”.

El debate sobre las condiciones que deben satisfacer las religiones para participar legítimamente en la vida pública no es nuevo. De hecho, ha generado controversia en varias tradiciones de pensamiento, tales como el liberalismo y el feminismo. No puede decirse, en rigor, que polemizar sobre este asunto sea una forma de “cancelación” (dicho sea de paso, etiquetar, a la primera de cambio, un intercambio público de ideas como “cancelación” es ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio).

Para los liberales, la secularización de la esfera pública es una condición esencial de desarrollo democrático. Las democracias liberales no solo ofrecen seguridad y voto, también neutralidad moral y religiosa. Garantizan la libertad para que cada uno elija cómo vivir y conforme a qué valores, dentro de la ley y del espacio privado. Ofrecen, además, igual protección a quienes profesan creencias religiosas y a quienes no. De ahí que la esfera pública deba purgarse de argumentos religiosos para sobrevivir. Según el teórico alemán, Jürgen Habermas, no se trata de que los ciudadanos religiosos tengan que abjurar de su fe; más bien, sus discursos y actuaciones públicas no pueden estar impregnados de dogmas cuya validez es meramente parroquial. En simple: política y religión son campos de juego diversos con reglas distintas. Mientras uno persigue el bien común, mediante la deliberación racional; el otro aspira a la salvación individual, a través de la fe.

Por su parte, el feminismo ha denunciado el fracaso del liberalismo en depurar el espacio público de la religión. Para las feministas, el Estado laico es más una ficción que una realidad; y el riesgo de que las religiones patriarcales usen su influencia para colonizar la esfera pública, suprimir derechos sexuales y reproductivos; y perpetuar roles tradicionales de género, está siempre latente.

Los recientes cambios políticos han revitalizado este debate. Todo indica que el repunte del activismo religioso en diversos países (v. gr. MAGA en EE.UU.), el antifeminismo rampante (incluida su variante “antiwoke”) y el iliberalismo en expansión no son fenómenos inconexos. Discutir sobre el rol de la religión en la esfera pública y sobre la figura del “político(a)-creyente” no es cancelar; es contribuir a pensar la democracia como lo que es: un espacio polifónico, a menudo, disonante y siempre frágil.

Por Yanira Zúñiga, profesora Instituto de Derecho Público, Universidad Austral de Chile