Una mujer, que además es ministra, está retenida en el auditorio de una universidad nacional. Dos horas después, al intentar abandonar el lugar, comienzan los empujones, las amenazas, los gritos, los insultos, el agua. Una lógica de cavernaria, donde la fuerza y la violencia delimitan el espacio.

Una universidad nacional inaugura su año académico. Es el acto por excelencia de la vida universitaria, el inicio simbólico de un ciclo de estudio y debate. La primacía de las ideas sobre la fuerza. Pero la escena se quiebra y se repite la secuencia: primero el grito, luego la amenaza, después la fuerza.

Un rector que, tras haber invitado a la ministra en cuestión y, frente a una turba que la retiene, no acude a las fuerzas de orden para solucionar el asunto, sino que se ampara en la voluntad de resolver el problema de forma “académica”, olvidando que el diálogo no es posible sin condiciones mínimas y que la violencia no es una de ellas.

Unos políticos en ejercicio no han tardado en reaccionar afirmando que “estos niveles de violencia no son aceptables” o bien, que la violencia no es tolerable, pero hay que distinguirla de la manifestación pacífica. A primera vista, las declaraciones parecen impecables, pero emplean una concesión que desplaza el foco y diluye la gravedad del hecho.

Representantes de ciertos sectores políticos han sugerido que la violencia ha comenzado desde arriba, advirtiendo que es el propio gobierno el que estaría en el banquillo de los acusados, la “extrema derecha”. El encuadre intenta ocultar lo que a todas luces resulta evidente: la intención de negar la legitimidad del adversario; la derecha.

Un país que durante años ha relativizado e incluso validado la violencia como forma de expresión política se sorprende cuando esta reaparece en espacios donde nunca debió entrar. Para entenderlo bastaría con mirar atrás: episodios intolerables que se justificaron, actos que se minimizaron, autoridades que optaron por el silencio o la ambigüedad. La señal fue persistente e inequívoca.

¿Es esto una “degradación de valores, normas y derechos fundamentales que sostienen la convivencia democrática y social, una involución en aspectos culturales, políticos o de derechos humanos, que implica perder consensos básicos, aceptar la violencia política o retroceder en libertades”?

Por supuesto que sí. Por eso, llamar a todo esto un retroceso civilizatorio es apenas descriptivo.

Un presidente acompañado de todas sus ministras fija un marco nítido: lo ocurrido es intolerable y debe tener consecuencias. No suaviza el lenguaje; al contrario, recoge con crudeza las palabras usadas en la agresión —“ándate a la chucha”— para mostrar su peso real, sin eufemismos que diluyan su significado.

Una mujer, que también es ministra, da entrevistas, relata lo ocurrido y encarna una idea de país que no se repliega ni se victimiza, sino que comprende la complejidad y las responsabilidades en juego. No hay escalada, no hay revancha. Tampoco ingenuidad, el ciclo político es el que es. Propone una decisión explícita de sostener las reglas, de definir consecuencias, de afirmar la palabra por sobre la fuerza y de responder con claridad donde otros optan por la ambigüedad.

Llamar a todo esto un avance civilizatorio es, también, apenas descriptivo.

Por María José Naudon, abogada.