En Chile, las listas de espera quirúrgicas constituyen uno de los problemas más sensibles y persistentes de nuestro sistema de salud. Hoy, miles de pacientes aguardan durante meses y, en no pocos casos, años por una intervención que podría cambiar radicalmente su calidad de vida. En este contexto, la entrada en vigor del Sistema de Acceso Priorizado (SAP) de Fonasa marca un punto de inflexión que merece ser analizado con atención.

El SAP, establecido mediante la Ley 21.736, introduce una nueva modalidad de priorización y financiamiento para determinadas cirugías. Su objetivo es doble: reducir los tiempos de espera y otorgar mayor equidad en el acceso. Para ello se contemplan dos mecanismos: la Modalidad de Atención Institucional (MAI), que permite derivar pacientes en lista de espera a prestadores privados con copago cero, y la Modalidad de Libre Elección (MLE), que ofrece la posibilidad de acceder a prestadores privados mediante un deducible único, variable según el tramo de afiliación en Fonasa.

La importancia de este paso es evidente. En primer lugar, se reconoce legalmente la necesidad de priorizar a quienes han esperado más tiempo o enfrentan enfermedades con mayor impacto funcional. En segundo término, se incorpora la red privada como un complemento para descongestionar hospitales públicos que hoy operan al límite de su capacidad. Finalmente, se avanza en protección financiera, al garantizar que intervenciones de alto costo, como prótesis de cadera o rodilla, puedan realizarse sin que el bolsillo del paciente sea una barrera insalvable.

No obstante, su éxito dependerá de la suficiencia de recursos asignados para financiar estas prestaciones y de la capacidad de coordinación entre el sistema público y el privado. Además, será indispensable contar con mecanismos de fiscalización y transparencia que aseguren un ordenamiento real de las listas de espera, evitando errores, duplicaciones o discrecionalidades que tantas veces han erosionado la confianza ciudadana.

El SAP no debe entenderse como una solución aislada, debe ser parte de una estrategia integral de gestión sanitaria. Su implementación debe ir acompañada de medidas que fortalezcan la infraestructura pública, amplíen los equipos quirúrgicos y mejoren los sistemas de información. De lo contrario, corremos el riesgo de que la derivación al sector privado alivie momentáneamente la presión, pero no resuelva de fondo el problema estructural de la capacidad resolutiva en la red asistencial.

El país observa con esperanza y también con legítimo escepticismo. Si el SAP logra cumplir su promesa, estaremos ante un avance real en equidad y eficiencia. Pero si se queda en un esfuerzo aislado, corremos el riesgo de sumar un nuevo capítulo a la larga historia de promesas incumplidas en materia de listas de espera.

Por Luis Castillo, decano Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma de Chile