En 2025, parte importante de la discusión en educación superior se ha centrado en la propuesta del gobierno que busca encontrar una solución a la deuda educativa y generar un sistema de financiamiento que reemplace al Crédito con Aval del Estado (CAE) por un nuevo instrumento de Financiamiento para la Educación Superior (FES). Para analizar esta propuesta, es necesario partir por reconocer que ésta busca hacerse cargo de dos problemas estructurales. Primero, la existencia de una nueva y creciente clase de profesionales, muchos de ellos sin recursos propios para solventar sus estudios y que hoy están endeudados o morosos. Segundo, que el sistema de financiamiento implica una carga económica para el Estado insostenible: actualmente, el desembolso estatal por efecto del CAE es cerca de 9 billones de pesos, de los que 34% corresponde a pagos a los bancos. Así, el reemplazo del CAE y el FES parten de problemas reales y no meros caprichos programáticos.

Como toda propuesta, el FES ha generado controversias. Aunque circunscritas a actores políticos, expertos y rectores (sin considerar la voz de estudiantes y sus familias), dos han sido los puntos críticos levantados. Por una parte, se ha indicado que el FES (comparado al CAE) generaría mayores cargas para los beneficiarios. Pero tanto la forma de organización de este instrumento como las estimaciones disponibles no sugieren este resultado. Por una parte, el FES (a diferencia del CAE) se organiza como un instrumento voluntario, con un año de gracia y un tope máximo de 20 años, considerando un pago contingente al ingreso con una contribución máxima del 8%, generando así condiciones más justas para los estudiantes y más equitativas para el sistema. Los estudios de la University College London y de la Biblioteca del Congreso Nacional coinciden en que la gran mayoría de los estudiantes (entre 60% y 74%) pagaría menos con el FES que con el CAE.

En segundo término, se ha indicado que el FES generaría inestabilidad financiera en las instituciones de educación superior y debilitaría la autonomía universitaria, al prohibir el cobro de copago a las familias que elegirían este instrumento. Aquí surgen tres elementos. Actualmente muchas instituciones ya son dependientes de los ingresos estatales (algunas superando el 50% de sus ingresos), por lo que el nivel de autonomía no cambiaría fundamentalmente por el FES. Segundo, que los aranceles de educación superior en Chile son de los más altos de la OCDE, y han crecido un 40% por sobre el IPC. Finalmente, que parte importante de las instituciones de educación superior (particularmente estatales) se encuentran hoy —sin FES— con problemas de déficit estructural, provocados principalmente por el esquema de financiamiento, basado en la matrícula y captación de vacantes.

Por todo lo anterior, el FES puede ser considerado como una oportunidad histórica para asumir algunos de los desafíos actuales del sistema: la alta carga familiar que implica estudiar en la educación superior; el elevado costo del CAE para el Estado, el creciente arancel de las instituciones de educación superior; los problemas de financiamiento estructural de muchas instituciones y las inequidades generadas por un sistema jerarquizado y con retornos altamente diferenciados. Impulsar ajustes (como generar mecanismos basales para financiar la investigación o construir topes a las contribuciones altas) son, entre otros, ajustes necesarios que deberían considerarse para poder aprobar esta política.

Por Cristóbal Villalobos, profesor asistente Facultad de Educación UC