Mariana tenía treinta y ocho años cuando decidió separarse. Durante más de una década había dejado en segundo plano su desarrollo profesional para dedicarse al cuidado de sus hijos y a sostener la vida cotidiana de su familia.

Cuando nacieron sus hijos, Mariana dejó de trabajar. La decisión parecía lógica: su pareja tenía un ingreso estable y el costo del cuidado infantil era alto. Como ocurre en miles de familias, la maternidad reorganizó la vida laboral de la mujer, pero no la del hombre.

No es solo una percepción. La economía laboral denomina a este fenómeno “penalización por maternidad”: distintos estudios muestran que, después del nacimiento del primer hijo, la participación laboral de los hombres prácticamente no cambia, mientras que la de las mujeres puede caer entre un 20% y un 30%, y mantenerse más baja durante años.

Con el tiempo, esa decisión empezó a convertirse en una forma de dependencia. Así, cuando la relación terminó, se encontró con una realidad que muchas mujeres enfrentan: la falta de autonomía económica puede convertirse en una barrera real para tomar decisiones y reconstruir la propia vida.

¿Qué dice la ley?

La ley reconoce que ambos padres tienen responsabilidades en la crianza de los hijos. El artículo 224 del Código Civil establece el principio de corresponsabilidad parental, según el cual el cuidado y la crianza deben ser asumidos conjuntamente por ambos progenitores.

Sin embargo, en la práctica cotidiana muchas veces esa corresponsabilidad no se distribuye de manera equilibrada. Las madres continúan asumiendo una parte significativa de las tareas de cuidado, lo que tiene consecuencias directas en su autonomía económica.

Cuando ocurre una separación, esta desigualdad se expresa en dos discusiones centrales del derecho de familia: la pensión de alimentos y la compensación económica.

La pensión de alimentos busca garantizar que ambos padres contribuyan al sustento de los hijos, considerando sus necesidades y las capacidades económicas de cada uno. Pero muchas veces la discusión se centra únicamente en los ingresos monetarios, dejando fuera el valor del trabajo de cuidado que ha sido asumido durante años.

La compensación económica, por su parte, tiene precisamente el objetivo de reconocer el menoscabo económico que puede haber sufrido uno de los cónyuges por haberse dedicado al cuidado de los hijos o al trabajo doméstico, permitiendo que el otro desarrollara su carrera profesional.

En la práctica, estas herramientas jurídicas pueden ser fundamentales para restablecer ciertos equilibrios cuando una relación termina.

En el caso de Mariana, el proceso de separación implicó también enfrentar estas discusiones. Después de años dedicados al cuidado de sus hijos, reconstruir su autonomía económica no fue inmediato. Sin embargo, a través del proceso judicial fue posible negociar un acuerdo que reconociera tanto las necesidades de los niños como el impacto económico que habían tenido los años dedicados al cuidado.

Ese acuerdo permitió establecer una pensión de alimentos acorde a las necesidades familiares y reconocer, además, una compensación económica por el menoscabo que Mariana había experimentado al haber postergado su desarrollo profesional durante años.

La autonomía económica no es solo una cuestión de ingresos. Es también una condición para ejercer derechos, tomar decisiones y vivir sin miedo.

Cuando una mujer cuenta con independencia económica, tiene más herramientas para salir de relaciones violentas, negociar condiciones justas después de una separación y construir un proyecto de vida propio.

Por eso, la discusión sobre autonomía económica no puede limitarse a decisiones individuales. También requiere mirar las condiciones estructurales que siguen marcando la vida de muchas familias.

Aunque algunas empresas han avanzado en políticas de flexibilidad laboral, el país todavía carece de un sistema robusto de cuidados que permita compatibilizar de manera real el trabajo remunerado con las responsabilidades familiares. La ausencia de estas políticas públicas sigue recargando el cuidado en las familias y, dentro de ellas, principalmente en las mujeres.

Reconocer el valor económico del cuidado, promover una verdadera corresponsabilidad parental y construir acuerdos familiares más justos, no es solo una discusión privada entre dos personas que se separan. Es también una forma concreta de avanzar hacia relaciones más igualitarias y una sociedad que reconozca que cuidar también es trabajo.