La baja sostenida de la violencia en el sur de Chile no es una casualidad ni tampoco es el resultado exclusivo de la presencia militar. Si no se comprende la multiplicidad de factores que han hecho posible ese avance es probable que se revierta lo logrado. Por eso, los escasos anuncios que ha hecho el gobierno en este campo son motivo de preocupación.

Las policías han contado con refuerzo militar en Biobío y La Araucanía gracias al estado de emergencia vigente desde 2022. Sin ese apoyo hubiera sido difícil revertir el peak de violencia que se vivió durante 2021. Su impacto, sin embargo, no hubiera sido el mismo sin otros cinco factores.

Primero, la reactivación de la inversión pública, así como la facilitación de la inversión privada, especialmente allí donde los grupos violentos intentaban ampliar su influencia. Ambos factores son determinantes, porque la baja presencia del Estado y la ausencia de oportunidades generan condiciones favorables para la expansión de la violencia. El programa Buen Vivir trabajó con ese foco y produjo un salto de un 26% de la inversión pública, y lo mismo hizo el Plan Ercilla, que busca revertir el desmedro de la comuna más pobre de La Araucanía. El sector privado también tuvo una recuperación importante.

Segundo, el fortalecimiento de la capacidad de persecución penal. Para ello hubo incrementos de personal y equipamiento en las policías y la Fiscalía, con un foco preciso: bajar la impunidad y evitar casos de abuso policial y judicial como los conocidos durante todos los gobiernos desde el 2000 en adelante. Los resultados fueron categóricos, porque mientras bajaba la violencia aumentaban los imputados y condenados, sin que se reportaran reparos relevantes por el accionar de las fuerzas de orden ni por el desarrollo de los procesos judiciales.

Tercero, la activación de la compra de tierras. Previo a 2022 se había dejado de comprar tierras para las comunidades y sólo se hacía para familias individuales. El efecto fue que las comunidades rezagadas se radicalizaron. Reactivar el Fondo de Tierras permitió revertirlo, ofreciendo un camino institucional para sus demandas.

Cuarto, la creación de un espacio de diálogo a través de la Comisión de Paz y el Entendimiento. Esa iniciativa reconoció la existencia de conflictos sin resolver con el pueblo mapuche y propuso un camino para avanzar en soluciones que convoquen y reconozcan a todas las partes.

Quinto, trabajar con máxima prioridad y coordinación por parte de todos los organismos públicos, involucrando a autoridades nacionales y regionales de primer nivel en la tarea, con rutinas permanentes de seguimiento de compromisos y evaluación de resultados. Ese estándar de gestión política ha sido aporte inesperado del estado de emergencia, al instalar una conciencia de excepcionalidad y obligar a dar cuenta periódica de la labor realizada.

El nuevo gobierno ha dicho poco sobre sus planes en esta materia. Hasta ahora sabemos que redujo en 7.600 millones los recursos para compra de tierras y apoyo a comunidades, que no le gusta el informe de la Comisión de Paz y Entendimiento, que nunca ha valorado el programa Buen Vivir y que es partidario de no incluir la proporcionalidad como un principio dentro de las reglas de uso de la fuerza. Nada de lo anterior es una buena noticia. También sabemos que se propone no eternizar el estado de emergencia, lo cual sí es positivo, siempre y cuando entienda que al retirarlo no puede retirarse el Estado, sino que, al contrario, debe intensificar su presencia.

El conflicto del sur le ha traído demasiado dolor a Chile y especialmente a los habitantes de la zona. Es de esperar que no sea el escenario de improvisaciones como las que hemos visto en otros campos.