Aunque en términos generales, el proceso de traspaso de mando -entre el gobierno saliente y la futura administración- ha sido tranquilo, se han originado algunas polémicas. La última se desató este miércoles a raíz de las acusaciones que realizó el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado.

Alvarado, en entrevista con Radio Bio-Bio, aseguró que existe un inusual aumento en los llamados a concurso para llenar cargos desocupados. “Se están llenando rápidamente plantas que estaban desocupadas, lo que nos genera a nosotros una dificultad y un problema, porque a veces son cargos de primer nivel que deberían ser de confianza del gobierno que asume”, afirmó el futuro ministro del Interior, asegurando que, a su juicio, en ciertos ministerios se está “apitutando gente”.

Más tarde y en la misma línea, el presidente de los republicanos, Arturo Squella, enfatizó que la “regla básica” de una transición adecuada es que los cargos de confianza del presidente saliente dejen sus puestos para permitir el ingreso de la nueva administración.

Squella advirtió que el equipo entrante ya se encuentra monitoreando la situación: “Vamos a identificar quiénes son esas personas precisamente para que no se salten una instrucción que le está dando el presidente Boric para que salgan de la administración cuando corresponda”.

Por su parte, el futuro ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, respaldó los dichos de Alvarado y señaló que si el ministro ha realizado tales declaraciones, “es porque claramente cuenta con antecedentes que fundamentan sus dichos”.

Asimismo, Ruminot expresó su preocupación por el freno a la tramitación de la Sala Cuna Universal, manifestando que senadores como Gustavo Sanhueza (UDI), Felipe Kast (Evópoli) y Rodrigo Galilea (RN) estaban “construyendo acuerdos y acercando posiciones”, por lo que calificó como una sorpresa que el Parlamento detuviera las negociaciones hasta marzo.

La Moneda responde

Las respuestas del oficialismo respecto a las declaraciones de Alvarado no se hicieron esperar. La ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, refutó las declaraciones de la futura administración.

Insistió también en que se entregó un instructivo lo “suficientemente claro”, en el cual se especifica la salida de todos los denominados “cargos de confianza” a partir del 11 de marzo.

La secretaria de Estado afirmó que es de público conocimiento que existe un “instructivo suficientemente claro en señalar que todos los cargos de confianza el 11 de marzo se van. Así de simple”. Además, agregó que “volver a instalar un manto de duda, de una especie de apitutamiento, no coincide con la realidad”.

En la misma línea explicó que la mayoría de los nuevos cargos públicos corresponden a puestos en municipalidades.

Vallejo mencionó que “los que respectan al nivel central del Estado son porque pasan de las escuelas municipales a los servicios de educación o porque son contrataciones del sistema de salud, que son muchos, muy necesarios, para seguir acortando los tiempos de la lista de espera y el adecuado funcionamiento del sistema de salud”.

Esta disputa se suma al conflicto previo por un tema similar: la denominada “ley de amarre” que empujó La Moneda -y se terminó rechazando- que buscaba que a los funcionarios que no se les renueve el contrato o que sea en condiciones distintas, se les notifique por acto administrativo fundado, con hechos y fundamentos de hechos y sustentado en criterios “objetivos” y “acreditables”.