Hasta Teatinos 120 llegaron el lunes 16 de marzo los jefes de las bancadas del oficialismo. Se trataba de la primera reunión-almuerzo que encabezaba el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, con los parlamentarios para alinear posiciones.

El frugal menú -carne y ensalada- fue acompañado de un crudo diagnóstico sobre la escalada en los precios de los combustibles producto de la guerra en Irán, junto a una mención, sin detalles, del proyecto de ley de reconstrucción que dos días antes había anunciado el Presidente José Antonio Kast en Lirquén.

El proyecto ancla del Presidente Kast -llamado por algunos como Ley Ómnibus, al estilo del presidente argentino Javier Milei, y en el que Quiroz ha tenido un rol protagónico- estaba hasta ese momento en etapa de borrador y todo parecía marchar sin contratiempos. Tanto, que se pretendía ingresarlo al Congreso el 1 de abril.

Pero el remezón del lunes 23, con la histórica alza de los combustibles -de 370 pesos por litro en el caso de la bencina de 93 octanos y de 580 pesos para el diésel-, sin gradualidad, comunicada por el mismo Quiroz en una ronda por distintos canales de televisión, cambió el escenario.

No sólo desplomó la aprobación presidencial -con caídas de hasta 17 puntos en algunas encuestas-, reactivó las manifestaciones callejeras y crispó los ánimos en la oposición, ya molesta por una serie de medidas que han revertido lo hecho por el expresidente Gabriel Boric. Lo más complejo para La Moneda fue que también encendió alertas en el oficialismo.

En los pasillos del Congreso se confiesa que si bien avalaron que había que “ponerse rojo” de una vez en el tema de los combustibles, Hacienda nunca entregó -hasta el lunes 23 en la tarde- la cifra exacta sobre la magnitud del alza, hecho que los habría atado de manos para plantear vías alternativas, de mayor gradualidad y mitigación.

Tampoco quedaron conformes con la puesta en escena de Lirquén, la que califican de desprolija. Porque sostienen que no solo se hizo en medio de la crisis que se avecinaba por los combustibles, sino que abrió varios flancos, entre ellos, el anuncio de pago del 0% del IVA en viviendas nuevas, por 12 meses, lo que terminó paralizando las ventas de ese sector.

Por eso es que en los últimos días desde los partidos han insistido a La Moneda en que es necesario aplicar un “filtro” político, tanto al paquete final de iniciativas que se presentarán -de las cuales al menos 18 son legislativas, a las que se suman otras de gestión, con las que llegan a 40-, como a los argumentos que las acompañarán en su trámite en el Congreso.

Tanto en los partidos como en el comité político comparten que no quieren repetir la dinámica de falta de motricidad comunicacional y política que se dio con el alza de los combustibles. Sobre todo, porque el “Plan de Reconstrucción” es una iniciativa troncal del gobierno de Kast en cinco áreas gravitantes: reconstrucción física, reactivación económica, reconstrucción institucional, orden fiscal y seguridad.

“Necesitamos que este proyecto flote”, enfatiza una fuente parlamentaria. Por ello, afirma un presidente de partido, la estrategia que lo acompaña “ha cambiado mucho desde hace un mes (en que ya se venía analizando) hasta ahora”.

El texto ingresará esta semana a la Cámara de Diputados, y con suma urgencia, según sostienen algunos inquilinos de Hacienda, para intentar que termine su tramitación y aprobación ojalá en septiembre, fecha en que se inicia la discusión del presupuesto 2027. Su primer trámite se dará en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja -que preside el republicano Agustín Romero-, mientras que un puñado de normas podría ingresar por la Comisión de Medio Ambiente, que encabeza el timonel UDI Guillermo Ramírez.

La decisión, hasta ahora, es que las medidas vayan en un solo paquete, punto que remarcó Quiroz este jueves, al afirmar que la idea es mantener el texto “dentro del programa original”. Pero ello ha sido objeto de debate en el oficialismo. Esta semana, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), aseguró que “no sé si es mejor ingresar todo de una (...); lo he estado pensando y creo que debería ir separado”. Y mañana lunes algunos parlamentarios del oficialismo insistirán -en el respectivo almuerzo con Quiroz- que el documento sea dividido en una batería de proyectos, para un despacho más expedito.

El nudo está, sobre todo, en la rebaja a la tasa corporativa para medianas y grandes empresas del 27% al 23%, el que se prevé como el de más difícil aprobación. Con ello -argumentan quienes buscan separar el proyecto- se pone en riesgo la aprobación de normas sobre las cuales sí hay acuerdo, como lo es, por ejemplo, la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda para adultos mayores. Del otro lado, sin embargo, dividir el proyecto presenta riesgos para La Moneda, desde donde se insiste en que algunas de las medidas -especialmente aquellas que abordan materias tributarias- podrían terminar siendo rechazadas.

En Renovación Nacional la inquietud no va por ese carril, sino que por el equilibrio de las propuestas. “Vamos a apoyar al gobierno y revisaremos el proyecto de ley en detalle, para lograr una reconstrucción que sea económica y, al mismo tiempo, social”, afirma Diego Schalper, jefe de bancada de RN.

En la elaboración del documento -tarea liderada por Quiroz- está trabajando el subsecretario Juan Pablo Rodríguez, junto a los coordinadores de esa cartera y a los equipos legislativos de los ministerios sectoriales y de la División Jurídico Legislativa de la Segpres. Esto, tras un trabajo de socialización de las propuestas del ministro con los parlamentarios.

Aguas convulsas

La presión sobre Hacienda para ajustar una estrategia ante el “Plan de Reconstrucción” se inició inmediatamente después del alza de los combustibles. Eso marcó un antes y un después. La exigencia interna de los partidos fue que la línea vertebral no solo estuviera sujeta a criterios técnicos, sino que también a una mirada política -fuera de los muros de Teatinos 120-, antes de su ingreso a la etapa legislativa.

Esa retroalimentación ha llevado a Quiroz -el hombre fuerte de Kast en materia económica y uno de los más drásticos a la hora de tomar decisiones- a iniciar un trabajo de socialización en el Congreso, debido a que el escenario se observa convulso.

La idea de los parlamentarios -especialmente de Chile Vamos- es introducirle “más zanahorias” al documento, idea que es empujada al interior de La Moneda por los ministros políticos de Interior, Claudio Alvarado, y de la Segpres, José García Ruminot.

Una de esas “zanahorias” es la gradualidad en la rebaja tributaria a las empresas del 27% al 23%, que es uno de los nudos con la oposición, punto que Hacienda no estaba dispuesto a ceder en el convencimiento de que es un factor de reactivación, que le da estabilidad al sistema y que impide la fuga de empresas hacia otros países que entregan mejores condiciones.

No obstante, el propio Quiroz se abrió a la opción de la gradualidad, esta semana. “Nosotros tenemos un plan que lo hemos ido desarrollando a lo largo de los meses. Lo hemos ido madurando, la verdad es que tiene más de un año. Siempre hemos tomado en cuenta la gradualidad”, dijo.

Esto, porque de acuerdo a algunas voces en el oficialismo, la reducción del impuesto de Primera Categoría a las empresas no debiera ser el corazón del proyecto. Sí el conjunto de propuestas que apuntan a la reactivación, por lo que la gradualidad, e incluso un eventual cambio de un 27% a un 24%, por ejemplo, también es visto como un triunfo.

Otro de los guiños apuntaría a la ampliación a 35 años de la gratuidad universitaria, que el texto del gobierno fija en 30 años y que ha generado una fuerte polémica con la oposición.

Por lo pronto, las cuentas de La Moneda -en términos de votos- son auspiciosas. Al menos en las comisiones de Hacienda de ambas corporaciones cuenta con mayoría. En la Cámara tiene ocho de los 13 parlamentarios y en el Senado, tres de cinco. El nudo principal está en la sala de la Cámara de Diputados.

“Una cosa es que nosotros tengamos la posibilidad de tener un despacho rápido en la comisión, pero la sala es otra cosa. Ya nos pasó en el proyecto de emergencia de los combustibles, que hubo que realizar una intervención política para conseguir la aprobación. Esa imagen, ese espejismo de que teniendo mayoría en la Comisión de Hacienda podemos avanzar sin tener los consensos en la sala es complicado. Como presidente de la comisión, yo diría mira: ‘No lo hagamos de ese modo’. El camino es presentar un proyecto lo más consensuado posible”, afirma Agustín Romero, republicano y presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara.

Clave en esta fase es el consenso para Javier Macaya, UDI y presidente de la Comisión de Hacienda del Senado. “Las ideas convocan más que las coaliciones o los colores políticos. Y la idea que hay de fondo en este proyecto es que Chile vuelva a ser un lugar confiable, en el que se puedan hacer emprendimientos, negocios, para que nuestro país genere empleo y vuelva a crecer. Más allá de las caricaturas de que beneficia a ciertos sectores en particular, el objetivo de fondo es la reconstrucción, el beneficio a los sectores más vulnerables y el crecimiento económico”, plantea.

La confluencia de visiones -en todo caso- no es fácil. En la oposición se insiste en que hay incongruencias entre el discurso del gobierno de que la caja fiscal está vacía y en la rebaja de los impuestos, cuyo correlato sería una menor recaudación.

“Hoy día en la sala de la Cámara hay cierto espacio para aprobar este proyecto, por cuanto hay un centro que está en cercanía con avances en lo económico y en la generación de empleo. No creo que el PC y el Frente Amplio estén en la misma línea, aunque vamos a intentar convencerlos”, afirma la jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse.

La pregunta es si la oposición tiene la fuerza para rechazar el texto si no se acogen sus propuestas.

“Si uno ve los números de conformación de la oposición, linealmente uno entendería que no. Sin embargo, tal como se vio en la elección de la Cámara de Diputados, las fuerzas están relativamente equiparadas, por lo que no es descartable que el gobierno pudiera sufrir una derrota importante si no se abre a los acuerdos”, advierte el jefe de bancada del PS, Raúl Leiva.

Para su par del PPD, Raúl Soto, “hay temas donde puede haber un espacio para acuerdos y otros que van a ser líneas rojas. Pero no hay que adelantarse, todo a su tiempo”.

En lo que hay coincidencia -al menos en el oficialismo- es en la necesidad de aplicar un filtro político al plato final de la reconstrucción, que va a ser zanjado por el Presidente José Antonio Kast.