Una rápida visita al Congreso realizó la semana pasada el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), para defender la renovación del despliegue militar en la frontera norte.

Con los parlamentarios que alcanzó a intercambiar algunas palabras, la acusación constitucional presentada por la oposición contra el exministro de Energía, Diego Pardow (Frente Amplio), fue uno de los temas ineludibles.

El negro panorama que le transmitieron legisladores del oficialismo y la oposición, no era muy distinto al que públicamente varios han venido manifestando en medios de comunicación.

El libelo contra Pardow -por su responsabilidad en los errores metodológicos que subieron las cuentas de la luz y que no fueron subsanados en su momento- ya tiene votos de sobra para ser aprobado por la Cámara.

En el oficialismo hay varios dispuestos a cruzar y respaldar el libelo. De hecho, ya hay 16 en una posición irreductible a favor de la acusación y otros 27 en duda. Ellos suman más de la mitad de los diputados afines al Ejecutivo que en total suman 77.

Una de las primeras acciones estratégicas del gobierno fue apostar a que la votación en sala de la acusación no se viera antes de las elecciones del 16 de noviembre, para así tratar de sortear el adverso clima electoral. El éxito de esa apuesta aún sigue en incertidumbre.

Aún falta que la defensa de Pardow envíe la contestación al libelo. Quienes saben del proceso dicen que el extitular de Energía enviaría sus descargos a última hora del miércoles 12 de noviembre.

De esta manera todo quedará en manos del diputado Jaime Mulet (FRVS), quien preside la comisión ad hoc que revisará en primera instancia el libelo. En caso de que quiera acelerar el asunto, esto podría votarse de manera exprés antes de los comicios. De lo contrario, se arrastraría para la vuelta de las elecciones. Pese a eso, el escenario para La Moneda es adverso. Tanto así que para el gobierno y la defensa de Pardow, la Cámara es vista como una zona de sacrificio.

Los números así lo confirman. Si bien la oposición hoy tiene una leve minoría en la Cámara (75 votos, contando al independiente Miguel Ángel Calisto, cuyo desafuero aún no se materializa), basta que solo dos diputados aliados del gobierno aprueben el libelo para dejar al extitular de Energía al borde del precipicio y en manos del Senado, donde el bloque opositor es mayoría.

También bastaría que tres diputados oficialistas se ausenten el día de la votación para que arroje el mismo resultado, ya que en la Cámara las acusaciones se aprueban con la mayoría de los presentes. De hecho, un ejemplo histórico fue el juicio que enfrentó la actual senadora y exministra de Educación, Yasna Provoste (DC), en el primer gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet.

Hoy la principal línea de defensa de Pardow está en los 19 diputados de Frente Amplio y alrededor de 10 socialistas, colectividad donde, en todo caso, hay dos en “estado de reflexión” (Daniel Melo y Nelson Venegas).

Sin embargo, esta semana, los 11 legisladores comunistas que inicialmente habían declarado que la acusación era innecesaria, se abrieron a apoyarla. La principal detractora del exministro siempre fue la diputada Karol Cariola.

En el grupo del Partido Liberal, de sus cinco diputados, cuatro están decididos a votar a favor (Alejandro Bernales, Luis Malla, Sebastián Videla y Viviana Delgado), salvo su líder, Vlado Mirosevic, que no se ha pronunciado.

En el comité PPD-Independientes, que integra a nueve legisladores, al menos hay tres apoyos declarados al libelo (Jaime Araya, Carlos Bianchi y Camila Musante). El problema es que en este grupo solo hay tres dispuestos a votar en contra. Los tres restantes están en duda, incluso proclives a acusar al exministro.

En la bancada DC-Independientes, hay cinco votos a favor (Eric Aedo, Karen Medina, Mónica Arce, Gaspar Rivas y Jaime Naranjo). Además, hay uno más bien inclinado (Héctor Barría), otro en duda y solo dos en contra.

Los seis radicales también están inquietos. Hay dos miembros de este comité avalando el libelo (Tomás Lagomarsino y Rubén Oyarzo). Los otros cuatro están en suspenso y esperan tomar una determinación en conjunto, comentó la diputada Marcela Riquelme. Sin embargo, es probable que Consuelo Veloso vote a favor.

El diputado Mulet también ha dado señales de aprobar la presentación, mientras que René Alinco (Ind. FRVS) está abiertamente por acusar a Pardow. Por su parte, Hernán Palma (Ind. FRVS) no se ha pronunciado.

En tanto, los dos legisladores de Acción Humanista (Tomás Hirsch y Ana María Gazmuri) están en reflexión.

El único militante del Partido Ecologista Verde, Félix González, tampoco ha marcado postura.

Si bien el Ejecutivo tendría un margen para alinear especialmente a los indecisos, los 16 legisladores que ya adelantaron su voto difícilmente se retractarán. Incluso a estas alturas es más fácil que el gobierno logre descuelgues en la oposición, donde los diputados Joaquín Lavín (ex UDI) y Jorge Durán (RN) siempre son las principales dudas.

Esta preocupación de La Moneda fue transmitida por la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, a los presidentes de partido en la reunión del comité político del lunes pasado.

En esa cita, los ministros transparentaron a los jefes de los partidos oficialistas que la de Pardow es la acusación constitucional más compleja que han debido enfrentar.

La titular de la Segpres tiene además otro flanco. Contraloría aún no se ha pronunciado respecto de la idea inicial de La Moneda de darle apoyo jurídico y financiar la defensa de Pardow representada por el abogado Francisco Cox.

Si bien hay jurisprudencia que avala que el gobierno otorgue defensoría a un ministro acusado, en el caso de un exsecretario de Estado no hay una normativa clara.

Si la contralora Dorothy Pérez no autoriza este sustento jurídico, la decisión de La Moneda es salir a mostrar de todos modos un apoyo político. De hecho, el día que Pardow concurra a la sala de la Cámara, lo acompañarán varios ministros.