A menos de un mes para que se cumpla un año de la desaparición de Julia Chuñil en la comuna de Máfil, la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, afirmó que no hay datos para calificar a Chuñil como una activista mapuche.

“No existen antecedentes que permitan afirmar que ejerciera una labor política o de activista organizada. Más bien se trataba de una mujer dedicada a su familia y a sus actividades agrícolas, con una vida propia del ámbito rural", precisó la persecutora.

Dichas declaraciones a La Segunda van en contramano de la principal teoría que defiende la familia de la mujer: que habrían empresarios involucrados en su desaparición por labor como protectora de tierras.

Ante esto, el ministro de Seguridad Luis Cordero destacó el trabajo del Ministerio Público y acotó: “El Ejecutivo entiende que todas las hipótesis de investigación están abiertas”.

Asimismo, destacó la importancia de “respetar la autonomía del Ministerio Público para llevar adelante la investigación”.

“En lo que respecta a nosotros, han estado todos los medios disponibles para el Ministerio Público, tanto de Carabineros como de la Policía de Investigaciones, para llevar a cabo su investigación. Así que, lo demás es una facultad privativa del Ministerio Público, respecto a la cual el Ejecutivo es respetuoso", sostuvo.

La desaparición de Julia Chuñil

Chuñil fue vista por última vez el 8 de noviembre en el predio forestal Reserva Cora 1-A, en Máfil, Región de Los Ríos, luego de salir de su casa acompañada por su perro. Desde entonces su familia y organizaciones ambientales han exigido mayores pesquisas para dar con su paradero.

El caso fue presentado en enero ante la CIDH por la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo y Fundación Escazú Ahora, argumentando su trabajo por los derechos ambientales.

El organismo emitió medidas cautelares a favor de Chuñil y solicitó al Estado de Chile “redoblar los esfuerzos para determinar la situación y paradero" de la víctima.

En la resolución apelan a calidad de mujer indígena, lideresa de una comunidad rural, y defensora de derechos territoriales y ambientales”.

Durante la última semana, la abogada de la familia, Karina Riquelme, exigió indagar profundamente sobre una escucha telefónica autorizada en que un sospechoso sostiene que la mujer habría sido “quemada”.

Sin embargo, el fiscal nacional Ángel Valencia, acusó una interpretación “parcial y sesgada” de la filtración del audio.

“Me parece que lo que se ha publicado por la prensa no refleja de alguna manera alguna, puedo afirmarlo con seriedad, el contenido íntegro de la investigación que es bastante más compleja que esa”, indicó Valencia.