Desde que abandonaron la mesa negociadora del oficialismo, los equipos electorales de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista (AH) han estado de cabeza intentando conformar un pacto parlamentario.

De esas conversaciones han participado organizaciones extraoficialistas, como el movimiento Transformar Chile -que encabeza el exalcalde Jorge Sharp- y el Partido Popular, liderado por Cristián Cuevas.

En las tratativas, ese último partido sorprendió al poner un nombre sobre la mesa: el de Karina Oliva, la exmilitante de Comunes. Según fuentes de la negociación, ella estaría pensada para el distrito 8 (Maipú, Estación Central, Quilicura), por el que, por este pacto, también competirían el exalcalde Christian Vittori (en cupo de la FRVS) y César Leiva (a través de AH).

Las mismas fuentes confirman que la negociación sigue en marcha y que, por lo mismo, los nombres no son definitivos. Desde la directiva del Partido Popular evitaron referirse a Oliva.

El nombre de Oliva, aunque no ha sido confirmado, genera reparos en la lista.

“La presunción de inocencia es algo en lo que creo profundamente. Sin embargo, el contexto actual se me hace muy poco viable compartir papeleta con quien enfrenta una querella por parte del Consejo de Defensa del Estado y formalización de cargos por fraude de subvenciones por parte de Fiscalía (...). Esta postura no nace de animadversión, más bien es una convicción profunda: en política, la confianza es un patrimonio que se debe cuidar y cultivar”, afirma Leiva, también conocido como “Contralorito”.

Desde el Partido Popular -que agrupa a varios exmilitantes de Comunes- sí adelantaron que tienen firmes otras candidaturas, como Marco Quevedo en Tarapacá, Inti Salamanca en Atacama, Cuevas en el distrito 6 (Quintero, Quilpué), John Parada en el 7 (Valparaíso, Viña del Mar) y Giovanna “tía Pikachu” Grandón en el 12 (Puente Alto, La Florida, La Pintana).

En diciembre de 2023, el Ministerio Público le comunicó formalmente a Oliva que se le investigaba por presunto fraude de subvenciones en el marco de la campaña que desplegó para intentar convertirse en la primera gobernadora de la Región Metropolitana.

Tras ser notificada de los cargos en su contra, el tribunal informó a la excandidata que permanecería con arraigo nacional mientras durara la investigación.