Cauto se muestra el presidente de la Comisión de Libre Competencia del Colegio de Abogados, Julio Pellegrini frente a los cambios propuestos por el Gobierno al sistema de Libre Competencia.

Además respalda la moción de inhabilitar de cargos públicos y privados a aquellos ejecutivos de empresas vinculados a caso de colusión.

¿A su juicio es un riesgo que la justicia del crimen que no es especializada en estas materias asuma definiciones tan delicadas como penalizar a ejecutivos o controladores de empresas?

No es un escenario sencillo. Si bien resulta indudable que la intervención de los tribunales penales siempre genera un efecto disuasivo importante, en este caso podría acarrear consecuencias negativas. El riesgo de que existan procesos paralelos entre el TDLC y los juzgados penales es que se arribe a resultados contradictorios.

¿Cree que tendrá efecto la delación compensada inserta en el código penal? ¿Puede aumentar las denuncias de casos de colusión?

La delación compensada sólo es eficaz en la medida que exima no sólo de multas, sino también de prisión. El inconveniente que presenta el proyecto es que en materia penal sólo se exime al primer delator y no a los demás colaboradores, como si ocurre en libre competencia. El criterio debiera ser uniforme para la sanción penal y la de libre competencia.

¿Cree que las multas propuestas desalentarán a las empresas a efectuar actos de colusión?

De todas maneras. Mientras más altas sean las multas, mayor es el efecto disuasivo e inhibitorio de conductas anticompetitivas.

¿Según su opinión, la prohibición a ejecutivos de asumir cargos en el sector privado es exagerada?

La inhabilidad es una sanción coherente con la ética mínima que se espera de los ejecutivos de empresas.

¿Cuáles serían las falencias?

Como señalé antes, la inhabilidad es una sanción coherente con la ética mínima que se espera de los ejecutivos de empresas.