El abogado Carlos Baeza Guíñez, egresado de la Universidad Gabriela Mistral con un máster en la Universidad de Dundee, Escocia, no es sólo el presidente de la Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea y representante legal de las cinco casas de apuesta online que operan en Chile y que integran el conglomerado: Betano, Betsson, Betwarrior, Coolbet y Latamwin. También es el único rostro visible en el país de este negocio. Estas plataformas tienen su base operativa en el extranjero, especialmente en países como Malta o Curazao, por lo que ninguna tiene oficina ni domicilio legal en Chile.

Baeza empezó a representar a estas empresas hace unos años con el objetivo central de que estos sitios de juegos por internet sean regulados. Pero al mismo tiempo, los ha tenido que defender ante el Congreso, ante tribunales y ante toda autoridad que ha salido a enfrentarlos.

Pero hubo un juicio que afectaba a sus representados donde no participó directamente. Fue en el recurso de protección acogido por la Corte Suprema el 30 de septiembre, que presentó Lotería de Concepción en contra de las empresas proveedoras de internet Movistar, Entel, ClaroVtr, GTD y Wom. Allí el máximo tribunal ordenó a los operadores bloquear el acceso a las plataformas de apuestas online, por considerar que “operan ilegalmente” en el país, pues solo las empresas autorizadas por ley pueden desarrollar apuestas deportivas, es decir, casinos e hipódromos y las empresas Polla y Lotería.

Pero, obviamente, como las consecuencias del fallo impactan en la operación de los cinco sitios de apuestas, el abogado y presidente del ente que las agrupa salió a enfrentar duramente lo realizado por la Suprema.

“Las razones del fallo no son legales; hay otras razones, no conozco cuáles, pueden ser personales, religiosas, éticas, no tengo idea, para que la Corte Suprema haya sostenido lo que sostiene en ese fallo. Las razones para llegar a la conclusión que la Corte llega diciendo que las apuestas en línea están proscritas en la ley no tienen ningún fundamento legal”, afirma categórico, citando el artículo 63 N°19 de la Constitución, el 277 y 278 del Código Penal y el artículo 1.466 del Código Civil, los mismos que el máximo tribunal aduce para justificar su dictamen.

-Más allá de lo que ustedes puedan afirmar, la Suprema falló que sí son ilegales.

-Nosotros siempre hemos sostenido que las apuestas en línea en Chile son una actividad no prohibida y no regulada. Por lo tanto, no ilegal y no ilícita. En Chile, lo único que ha estado siempre prohibido es el juego presencial no autorizado, los casinos clandestinos, que se establecieron en el Código Penal en 1875. Nadie podría sostener que en esa descripción de conducta está incluida la apuesta en línea, porque es muy difícil pensar que hace 150 años el legislador pudo haber tenido en la cabeza algo parecido. En Chile no hay ninguna norma que prohíba la apuesta en línea. De hecho, no hay ninguna norma que prohíba todos los juegos de azar.

-La Suprema hace referencia incluso a que la Constitución lo establece.

-En el proceso legislativo que se desarrolla en el Congreso hemos acompañado informes en derecho en materia constitucional, civil y penal. En lo constitucional, Arturo Fermandois, Francisco Zúñiga y Javier Couso concluyen de manera categórica que la Constitución no establece ninguna norma prohibitiva y que las apuestas en línea no están prohibidas.

-Pero esos informes en derecho son pagados por ustedes.

-Claro, pero nunca el gobierno o Polla o Lotería han presentado un informe en derecho que diga lo contrario. Son informes pagados, por supuesto, pero en el caso de profesionales respetados, que son gente que tiene reputación y autoridad en la materia, no escribe lo que tú quieres sino que reflejan su forma de pensar.

-El fallo de la Corte Suprema es inapelable, por tanto se debe cumplir.

-Es una decisión que resuelve un problema entre partes, es incuestionable, es una sentencia definitiva que establece una decisión, bien o mal, que es obligatoria para las partes. No establece normas de aplicación general. El fallo no establece ninguna obligación, no sienta un precedente, no obliga a nadie, solo obliga a las partes. Las compañías, lamentablemente, de telecomunicaciones están obligadas a cumplir ese fallo y las 12 direcciones URL que están incluidas en ese fallo tienen que bloquearse porque es una orden.

Pero hay otra cosa que es importante señalar: que en general, las personas tienen una concepción muy romántica de la Corte Suprema. Si lo resolvió la Corte Suprema es como que lo resolvió el tribunal celestial. Pero hay otras autoridades con el mismo rango constitucional que el Poder Judicial con otras atribuciones, como el Ministerio Público, que tiene por ley el monopolio de la determinación de los criterios de persecución penal: después de tres años de investigación, un cuaderno de 2 mil fojas, 20 personas que prestaron declaración, comunicó su decisión de no perseverar respecto de todas las querellas presentadas en contra de las plataformas de apuestas en línea.

-Entonces, tras el fallo, ¿qué van a hacer ustedes como sitios de apuestas en línea?

-Nosotros no tenemos que cumplir el fallo, porque no somos parte en ese fallo, como pasó el año 2023 con un fallo similar de la Corte Suprema que ordenó el bloqueo de 23 sitios. Las compañías tienen el derecho de hacer modificaciones en sus URL y seguir funcionando, porque nosotros no estamos obligados a cumplir ese fallo.

-O sea, van a cambiar las URL para seguir operando.

-Claro, porque esa decisión es una decisión particular que afecta solamente a las partes y no tiene efectos normativos, no es una ley.

-¿Pero no se podría considerar desacato?

-No, porque desde el punto de vista estrictamente formal, no somos parte de ese recurso. Además, no creo que en el momento en el que estamos desde el punto de vista de la tramitación legislativa, con un proyecto que lleva casi cuatro años en el Congreso, que está en su última etapa, sea razonable y sensato que esta industria desaparezca de un día para otro, porque esta es una industria que funciona en todas partes del mundo, que tiene un potencial de recaudación muy importante y que lo que está haciendo es precisamente tocando la puerta para ser regulada.

-¿No van a seguir otro camino legal, por ejemplo, ir al Tribunal Constitucional?

-No sé si el Tribunal Constitucional es un camino. Queremos seguir con el camino de la regulación.

-En cuanto a la posibilidad de regulación, el proyecto de ley que se tramita en el Congreso, quizás es poco probable que se pueda aprobar en este gobierno, dados los tiempos.

-Imposible en este gobierno. Es muy improbable. Este es un proyecto que tiene 100 artículos, que regula a toda la industria, que modifica 5 leyes y en el último proceso de apertura de indicaciones se presentaron 490 indicaciones, que esperan para ser analizados en particular por la Comisión de Economía y luego por la de Hacienda.

-Las candidaturas se han referido poco al tema. ¿Ustedes se han reunido con algún candidato?

-Nos hemos reunido con un candidato presidencial, con (Johannes) Kaiser, para poder explicarle la situación de la industria.

-¿Creen que en un futuro gobierno podrán sacar adelante su proyecto, tomando en cuenta que quien lidera las encuestas, José Antonio Kast, es un hombre conservador, que plantea mucho el tema de la familia, por lo que también podría oponerse a las apuestas?

-No sabemos cuál es la posición, sólo creemos que la peor posición es la que estamos hoy con este gobierno, por lo tanto creemos que un cambio de gobierno debería significar una nueva mirada y que salga de esta postura que carece de sustento y de lógica de que las apuestas están prohibidas o hay que prohibirlas. Lo que tiene que pasar, como ha pasado en todos los países desarrollados del mundo, es que esto sea una actividad regulada y deberá primar una mirada técnica de un Ministerio de Hacienda futuro. Además, esta es una industria que tiene un potencial de recaudación muy importante y hoy la situación fiscal es un tema en todas las candidaturas.

-Ustedes calculan en torno a los US$ 800 millones de recaudación al año. ¿Cómo llegan a ese número?

-Se basa en el informe de Yield Sec, que estableció que el tamaño del mercado en Chile eran US$ 3 mil millones. El cálculo que hacemos es si se establece la carga tributaria que tiene el proyecto de ley, de 37,6% -sobre el impuesto corporativo-, serían US$ 780 millones, pero si se corrige esa estructura a una carga tributaria promedio en el mundo, que es el 22%, el aporte podría ser de US$ 1.150 millones.

-O sea, ¿con menos impuestos, más se recauda?

-En esta industria se produce un fenómeno que se llama canalización, que es el tránsito de operadores y jugadores del mercado no regulado al regulado. Un mercado regulado es exitoso cuando tiene un 85% de canalización. Y hay una relación inversamente proporcional entre carga tributaria y tasa de canalización: a mayor carga tributaria, más baja la tasa de canalización. Si logro rebajar la carga tributaria al 22%, mi capacidad de recaudación fiscal aumenta un 50%.