Dos inversionistas del Fondo de Inversión Capital Estructurado I presentaron un recurso de apelación en contra de la decisión del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, que dejó en suspenso el proceso penal contra varios ejecutivos de LarraínVial.

Se trata de Juan Pablo Fuentes Díaz y la empresa Nanomed SpA -cuenta con la asesoría legal de Germán Ovalle y Alfonso Reymond-, quienes dicen que, aunque fueron reconocidos como víctimas por la Fiscalía, no han recibido ninguna compensación. El fondo era administrado por Larrain Vial Activos, especialista en la administración de fondos de inversión y hoy el caso está en manos de la Corte de Apelaciones de Santiago.

En sus escritos, explicaron que el tribunal aprobó la suspensión condicional para compensar a quienes aportaron dinero en la Serie B del fondo, pero que ellos no recibieron nada. En el caso de Fuentes, no se le pagó ni un peso, y Nanomed estima su pérdida en más de $800 millones. También critican que se haya dado por buena la supuesta colaboración de los imputados en la investigación, cuando en realidad —según ellos— no entregaron información relevante.

Además, señalaron que los delitos que se investigan se repitieron varias veces y afectaron a muchas personas, por lo que las penas deberían ser más altas y no permitir una salida alternativa como la que se aprobó. Dicen que la propia Fiscalía describió hechos distintos, cada uno con sus propias víctimas, lo que hace imposible tratarlos como un solo caso.

Los querellantes también cuestionaron que la Fiscalía pidiera más tiempo para investigar, porque todavía no sabe con exactitud cuántas personas fueron afectadas ni cuánto perdieron, pero al mismo tiempo cerrara un acuerdo sin tener toda esa información clara. Para ellos, eso demuestra que no estaban las condiciones para cerrar el caso con una suspensión.

En el escrito calificaron el acuerdo como injusto, porque dejó fuera a víctimas que también fueron perjudicadas. Acusan que los ejecutivos de LarraínVial salieron beneficiados sin haber respondido realmente por los daños causados.

De acuerdo a la apelación la llamada “arista LarraínVial” del caso Factop trata sobre cómo se creó y manejó el Fondo de Inversión Capital Estructurado I. Según la Fiscalía, este fondo fue armado para cubrir deudas por unos $28 mil millones que tenía Antonio Jalaff Sanz, a través de su empresa Inversiones San Antonio Limitada. Esas deudas eran con distintas empresas —algunas de su propiedad, otras de su entorno— y también con Factop SpA. Lo grave, plantea el escrito, es que esas deudas se intentaron saldar usando recursos del fondo, sin hacer una valoración adecuada y a través de maniobras fraudulentas.

Además, muchas de esas deudas estaban ligadas a actos ilícitos cometidos por los socios de Factop, como operar sin permiso como banco, estafar y usar facturas falsas. El fondo tenía dos tipos de aportantes: los de la Serie A, como Nanomed, que entregaron créditos (acreencias) al fondo; y los de la Serie B, que aportaron dinero. Tanto los de la Serie A como los de la Serie B fueron reconocidos por la Fiscalía como víctimas del fraude, y esto fue confirmado por el propio Ministerio Público durante la audiencia donde se discutió la suspensión del juicio.

Beneficio

El pasado 18 de junio, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago aprobó la suspensión condicional de los ocho ejecutivos de Larrain Vial investigados y formalizados por la Fiscalia en el marco del caso Factop-Audio, en su arista vinculada al Fondo de Inversión Privada Capital Estructurado (FIP).

La suspensión condicional beneficia a los cinco exdirectores de la AGF Larrain Vial Activos, Andrea Larraín, Sebastián Cereceda, José Correa, Jaime Oliveira y Andrés Bulnes, al exgerente general de la administradora, Claudio Yáñez, y a dos socios de la gestora, Manuel Bulnes y Felipe Porzio.

A raíz del caso, los primeros seis ejecutivos dejaron sus cargos en la AGF, pero preservaron otras funciones en el grupo LarrainVial. Manuel Bulnes, exgerente general de la corredora, renunció a sus cargos ejecutivos en el grupo por este caso tras 33 años en la compañía. Porzio es el gerente de finanzas corporativas de la gestora.

En la audiencia, la fiscalía anunció que LarrainVial propuso un acuerdo que satisface las condiciones del Ministerio Público. La decisión fue adoptada por la operación de recompra de las cuotas de los inversionistas que LarrainVial ya había anunciado y puesto en marcha.

La recompra activada por LarrainVial en diciembre pasado consideró a una buena parte de los inversionistas de serie B, pero no incluye a las sociedades relacionadas a los imputados Álvaro Jalaff y los hermanos Daniel y Ariel Sauer.

En total el monto desembolsado por Larraín Vial en el acuerdo reparatorio consideró $3.259 millones, correspondiente a 124.555 cuotas Serie B. El fondo había sido formado en 2023 para agrupar las acreencias de Antonio Jalaff, ex socio del grupo Patio que acumuló pasivos por unos $ 27 mil millones. Las cuotas del fondo, sin embargo, perdieron valor tras la venta de la participación de Jalaff en Patio, tras el involucramiento de su familia en el caso Factop y el caso Audios.