Luego que a inicios de esta semana la Corte Suprema respaldara la decisión tomada por la Corte de Apelaciones de Santiago en noviembre del año anterior, que rechazó los intentos de Tianqi para impedir el avance del acuerdo Codelco-SQM, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) valoró la resolución.

La entidad recordó que su fallo de noviembre la Corte de Apelaciones de Santiago, rechazó el reclamo de ilegalidad presentado contra las decisiones de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que permitieron avanzar en la explotación conjunta de litio en el Salar de Atacama.

“El Consejo de Defensa del Estado tuvo un rol central y decisivo en este proceso. La defensa fiscal, liderada desde el más alto nivel institucional, fue acogida íntegra y consistentemente por ambas instancias judiciales. Su presidente, Raúl Letelier, asumió directamente el patrocinio de la causa, atendida la relevancia del litigio para el interés público y para la ejecución de una política pública estratégica como es la Estrategia Nacional del Litio”, dijo la entidad en un comunicado.

El presidente del CDE, Raúl Letelier, señaló que “valoramos profundamente la sentencia de la Corte Suprema, que vuelve a confirmar la corrección en el ejercicio de las potestades del Estado de Chile para desplegar una política pública esencial para el desarrollo del país”.

El CDE enfatizó que la Corte Suprema determinó que el recurso presentado por la empresa Tianqi carecía de uno de los requisitos esenciales para su procedencia: la identificación clara y precisa de las normas supuestamente infringidas. El tribunal indicó que la apelación no desarrolló adecuadamente las disposiciones legales pertinentes, particularmente aquellas contenidas en la Ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas, dejando sin sustento jurídico las restantes alegaciones e incurriendo en contradicciones internas.

De esta forma, dijo, el máximo tribunal concluyó que no existe ilegalidad en los actos administrativos de la CMF relacionados con el acuerdo suscrito entre Codelco y SQM, validando así el diseño institucional y regulatorio que permite la materialización de la Estrategia Nacional del Litio.

La decisión de la Corte Suprema no solo cierra definitivamente esta controversia, sino que también reafirma la labor del Consejo de Defensa del Estado como garante jurídico del interés público, afirmó la entidad.