La discusión sobre la necesidad de realizar ajustes fiscales sigue presente en la agenda económica. Y si bien este gobierno ha disminuido el crecimiento del gasto público en comparación a años anteriores, la situación fiscal es estrecha y con poco margen para seguir endeudándose.

Es por eso que un estudio del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello revisó el gasto estatal en los conceptos de asignaciones de la Ley de Presupuesto, delineando potenciales recortes sin afectar programas sociales o reducir personal, es decir, sin perjudicar la calidad de vida de la población y, por ende, que sean menos conflictivos políticamente para las autoridades.

En su análisis, revisó datos de Mercado Público y las transferencias que realiza el Estado a través del Presupuesto Abierto con el fin de obtener una visión integral del flujo de recursos en el sector público.

El informe estudió la ejecución presupuestaria de 2023 y 2024, y reveló tendencias estacionales y concentración del gasto en el último trimestre del año, estrategia comúnmente usada para concretar la ejecución del presupuesto asignado al servicio y evitar recortes de presupuesto al año siguiente.

Como consecuencia, “los jefes de servicio suelen tener el incentivo de gastar más de lo debido en diciembre, concentrando compras y contrataciones al final del año fiscal”, señala el informe. En ese sentido menciona que “este comportamiento puede derivar en decisiones apresuradas, compras innecesarias o contratos menos eficientes, afectando la calidad del gasto público. Identificar y corregir estos patrones es clave para mejorar la eficiencia y efectividad del presupuesto estatal, garantizando que los recursos se utilicen de manera óptima durante todo el año”.

Un ejemplo de lo anterior es lo que se desprende al analizar el gasto mensual del gobierno central en papel, artículos de impresión e impresiones de 2024. En este ítem, según el informe, se detectó que el 11% del presupuesto total anual corresponden a un gasto excesivo concentrado en los meses de octubre, noviembre y diciembre, que se encuentra por sobre el máximo realizado en los meses previos.

De hecho, en este caso “un mejor control del presupuesto podría haber reducido este ítem en 11% lo que se podría haber rebajado el gasto en 30 millones de dólares al año mediante un mejor control, sin ningún perjuicio para la población”.

Así, el análisis dice que al analizar todas las transferencias a terceros durante los años 2023 y 2024 -exceptuando transferencias internas entre unidades estatales- se encontró un 2,1% y un 1,9% de gasto innecesario en diciembre, respectivamente, por sobre lo normal en comparación al máximo utilizado en los meses anteriores.

De esta manera, el informe del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello identificó “un potencial de ahorro significativo en el gasto público de US$515 millones y US$550 millones”.

Gonzalo Valdés, subdirector del Instituto de Políticas Públicas de esa universidad, analiza estos hallazgos y afirma que “dada la compleja situación económica y fiscal de Chile, es imperioso mejorar la eficiencia del gasto público e identificar todos aquellos espacios que permitan generar ahorro fiscal sin afectar la calidad de vida de los chilenos”.

El estudio concluye que ciertos ajustes en la asignación y ejecución presupuestaria permitirían liberar fondos sin comprometer programas sociales ni servicios básicos y, a su vez, sugiere la incorporación de herramientas tecnológicas de seguimiento del gasto, como sistemas ERP (Enterprise Resource Planning), los cuales permiten monitorear en tiempo real la ejecución presupuestaria, detectar acumulaciones de gasto innecesarias y facilitar la planificación de compras y contrataciones.