Este año los bancos han criticado varias normativas que ha publicado la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), algunas en el marco de la implementación de Basilea III, pero también otras, como el aumento del pago mínimo con tarjetas de crédito, la implementación de ley fintech y, más recientemente, la eliminación de la tarjeta de coordenadas para hacer transferencias.

Tras las críticas ante las dificultades que los adultos mayores podrían presentar, esta semana la CMF cedió y amplió el plazo en un año para que entre en vigencia este último cambio.

A todo esto se suma el enfrentamiento que ha tenido Banco de Chile y la CMF en tribunales por una multa por entregar créditos a algunos deudores de pensiones de alimentos, también conocida como “Ley Papito Corazón”.

Esta semana, además, varios bancos, incluido el gremio que los representa, presentaron un recurso de ilegalidad contra la CMF, ante la Corte de Apelaciones, porque acusan que la CMF cambió las reglas al ampliar una norma que prohíbe a la banca dar crédito a sus directores y sus sociedades, ahora también “aguas abajo”, a las sociedades donde participen indirectamente.

Consultado sobre todo este escenario y el rol que ha jugado el regulador, el presidente de la Asociación de Bancos (ABIF), José Manuel Mena, comenta: “El hecho puntual es que se han acumulado situaciones en un plazo corto. Nosotros no quisiéramos perder esta capacidad de aportar a la normativa, pero (quisiéramos) que, al mismo tiempo, los planteamientos fueran escuchados en mayor medida, para evitar tener que estar modificando plazos, por ejemplo, sobre todo en materias que han sido conversadas por meses”.

Mena, quien preside el gremio desde 2019 y seguirá hasta 2027, prefiere no opinar sobre la interna de la CMF, cuyo consejo es un organismo colegiado integrado por cinco miembros, pero sí dice que todo esto abre “una señal de alerta” sobre dos elementos en los que la banca tiene la disposición y el ánimo para aportar. “Uno es solvencia, sobre lo cual uno puede tener matices en términos de cuáles son los factores que se aplican, pero hay una clara coincidencia en términos que tenemos que resguardarla. Pero lo segundo tiene que ver con desarrollo de mercado. Y ahí creo que la regulación debe ser evaluada para ver si estamos permitiendo desarrollo de mercado. A nuestro juicio, hay elementos que no lo están permitiendo en buena forma”.

En el último tiempo, la CMF ha publicado varias normativas que han sido criticadas por la banca...

En dos líneas. La primera es que es fundamental ir haciendo una evaluación en el tiempo del sentido de la normativa y la ley una vez que ha sido implementada, para poder ver si las consecuencias de esas leyes tienen los efectos esperados con el transcurrir del tiempo (...) Poder hacer que nuestro país crezca al 4% no es solo un tema de permisos en el mundo real, para hacer nuevos proyectos físicos. También tiene que ver con regulación financiera.

Como país estamos un poco más acostumbrados a que exista una evaluación, legislativa especialmente, no siempre muy rigurosa, de los efectos de una ley. Pero ciertamente que, con el tiempo, uno podría decir, mire, aquí tenemos una responsabilidad desde el punto de vista del regulador, y especialmente del Ejecutivo y el legislativo, en términos de hacer una revisión para ver si hace sentido lo que hoy implican esas leyes y normas, en términos de desarrollo de mercado, inclusión financiera, de mayor o menor competencia.

La segunda situación es que, justamente como consecuencia de normas y leyes, en algunos casos se ha generado destrucción de mercado, exclusión. Creo que es necesario que volvamos a tener una mirada de que los productos y servicios financieros son para todos los que están viviendo en nuestro país, pero hoy día, lamentablemente, eso no es posible.

¿A qué leyes se refiere?

Tres ejemplos. La primera es la Tasa Máxima Convencional (TMC), que debe ser revisada. El Banco Mundial en su informe plantea que debe ser eliminada. Ciertamente ha generado un espacio de exclusión financiera.

La segunda tiene que ver con la lógica de que hoy no es posible entregar seguros cuando hay personas que son engañadas por hackers, por delincuencia cibernética. También es materia de ley que finalmente lleguemos a una aplicación de lo que en el mundo normal corresponde a la culpa leve (en caso de detectar fraudes en medios de pago). La culpa grave para transacciones comerciales no tiene sentido, el mundo no opera así.

Lo tercero, en la implementación de la ley fintech, uno escucha al regulador que dice: ‘mira, la legislación me obliga a hacer esto, a implementar la ley, por ejemplo, en personas naturales y jurídicas con muy poco tiempo de desfase, tres meses, casi de forma simultánea’. Si hay ese tipo de dudas, más allá de que uno puede no tener una opinión semejante desde el punto de vista de la interpretación de la ley, creo que hay que revisar la ley para no cometer errores que después vamos a lamentar.

¿La eliminación de la tarjeta de coordenadas va a ser problemática para un segmento de la población?

Voy a redondear: hay del orden de dos millones de personas que usan tarjetas de coordenadas. Por lo tanto, hay que tener un plazo para poder hacer cambios. Nosotros llevamos meses, desde mayo, con una conversación a efectos de tener un plazo razonable.

¿No se les concedió?

No. Pero ahora sí. Entendemos que el regulador debe tener varios objetivos que conciliar, pero ciertamente que los casos de masividad, como del que estamos hablando, requiere procesos operacionales, contactabilidad, donde hay que tener tiempo suficiente para poder hacer ese cambio. Creo que en un año puede ser posible.

¿Cómo se pueden adaptar los adultos mayores a esta normativa?

Dos posibilidades. La primera es que hagamos un espacio tranquilo de traspaso, pero, al mismo tiempo, de información y de educación. Segundo, desde hace meses hemos estado planteando que es necesario un espacio de flexibilidad. Hay casuística europea, española concretamente, por ejemplo: cuando se transfiere de manera habitual todos los meses, un RUT que le envía dinero a otro RUT en magnitudes pequeñas; incluso, si haces una transferencia de un mismo RUT, pero a entidades diferentes; no necesitas poner espacios de autenticación complejos. La tarjeta de coordenadas podría seguir usándose.

El punto es: creemos que hay espacio para transaccionalidad de montos menores, por ejemplo, de $30 mil, que se asocia a segmentos en que la transaccionalidad habitual es esa, en donde deberíamos dejar un espacio de gestión de riesgo a los bancos. En ese sentido, una norma única, pareja, no se hace cargo de nuestra realidad, de la magnitud de transaccionalidad que tenemos, y no se hace cargo de las dificultades que, naturalmente, espacios importantes en nuestra población tienen con la tecnología.

¿No se sienten escuchados por la CMF?

Nos sentimos escuchados, en general. Por supuesto, el regulador es completamente autónomo en la toma de decisiones finales. Nuestra mirada hacia ellos es de respeto, incluso de estima, hacia las personas que están en esta responsabilidad. Pero, efectivamente, ha habido situaciones en las cuales no siempre se nos ha escuchado.

Valoramos, en este caso, el que se haya posibilitado un año que, incluso, creemos que permite insistir en que dejemos espacios de gestión propia de los bancos. Eso no ha sido modificado en esta norma, pero nos da un espacio para volver a conversarlo y dar argumentos nuevamente.

Préstamos “aguas abajo”

La CMF también extendió en un año el plazo para que los bancos apliquen la normativa que prohíbe dar créditos a sus directores “aguas abajo”.

Hubo un cambio de interpretación, a nuestro juicio.

¿Por qué considera que es un cambio de interpretación?

La ley no ha sido modificada. Por lo tanto, cuesta creer que durante 40 años la autoridad, en este caso la Superintendencia de Bancos, tuviera una interpretación que estuvo equivocada. Esto no ha sido un problema en estos 40 años. No ha habido ninguna casuística para decir que aquí hubo un problema, pensamos.

Nuestro gran punto es que creemos que la CMF no tiene facultades para legislar, porque, a nuestro juicio, este es un cambio que se basa en una simple interpretación, (pero) es un cambio legal.

¿A su juicio, la CMF está legislando?

Sí.

En la práctica, ¿cuál es el problema que tiene esta normativa?

Aquí hay carteras que tienen que ser cambiadas de institución o se va a tener que prepagar crédito. Al ver el volumen son centenares de millones de dólares. Pero el tema no es que haya un riesgo de crédito. No hay riesgo de crédito. No estamos en la situación de los años 80. No. Aquí hay una norma que ha sido sana, pero cumplir la nueva interpretación significa cambiar de banco para muchas operaciones, para muchas empresas.

Cambiarse en muy poco plazo era inviable. Por eso, un año da un tiempo. Aquí hay operaciones largas, hay operaciones cortas, hay revolving de crédito, hasta tarjetas de crédito que deben ser modificadas. Hay boletas de garantía. No es simplemente cambiar un crédito a cinco años. No. Aquí hay muchas operaciones, hay derivados... Estamos hablando de una situación que significa cambios de muchos productos desde un banco hacia otro banco.

El mercado operará en ese sentido. ¿El plazo es adecuado para hacer el cambio? Sí. Pero nosotros mantenemos nuestra diferencia. Primero, ¿para qué (se hace este cambio)? Segundo, creemos que es delicado que el regulador, en este caso la CMF, esté legislando, dado que nuestra interpretación no es un cambio simplemente de normas. Es un cambio que afectó la ley.

Finanzas abiertas

¿Alguna otra normativa de la CMF que estén mirando con atención?

El sistema de finanzas abiertas. Según los plazos que están definidos, junio del próximo año es la fecha para empezar a operar. Nosotros no queremos postergar el sistema, pero queremos que funcione bien. Hay un mapa de riesgo que todavía no está mitigado, ni los riesgos más relevantes han sido bien ponderados. Esto es una conversación abierta. La hemos planteado más de una vez. En algunos casos, ha habido modificaciones. Pero en otros casos, no todavía. Y ya no nos queda mucho tiempo.

Si esto origina más competencia, no es problema. Está bien. Lo que no queremos es que aquí tengamos una situación no bien trabajada, en términos de cuidado de la data, para qué se usa, que tenga un esquema adecuado de la persona en términos de dar su consentimiento.

Y especialmente, en los errores de transacción final que puede llevar a que tengamos un problema operacional, y un problema de seguridad. ¿Esto en qué se traduce? En los países en los que esto se ha aplicado, algunos de ellos llevan años. Brasil, por ejemplo, con un porcentaje de transaccionalidad no terminada que es de dos dígitos: los primeros años tuvieron entre el 30% y el 40% de la transaccionalidad que no terminaba.

¿Por qué?

Porque hacerlo es complejo. Porque las conexiones se caen. Aquí no son 18 conexiones. El esquema de operación, no es como en Inglaterra, en que hay un hub en que se conectan todos. Acá el esquema de operaciones es que todos se conectan con todos, significa, en su implementación final, 200 mil conexiones.

Este es el proyecto más difícil, complejo y riesgoso que el sistema financiero ha hecho nunca. Riesgoso en el cuidado de la data. Riesgoso en términos de que tenemos que lograr que la transaccionalidad sea, ojalá, con cero fallas.

Entonces, ¿cuál es nuestro punto? El sistema bancario, financiero, nunca ha tenido tasas de falla en su transaccionalidad. Ni siquiera del 1%. En Chile, uno hace una transacción y llega a término. Y si no llega a término, aparece en los diarios. No podemos repetir la experiencia que tuvieron en Brasil. Hay un efecto de confianza, un efecto reputacional. Especialmente, de confianza.

Este mes hubo una polémica entre la CMF y Banco de Chile por créditos a deudores de pensiones alimenticias.

He visto y he participado de forma bien cercana en la implementación de esto, con el Ministerio de la Mujer, especialmente (...) Le he escuchado en un par de instancias solo agradecimientos a la gestión de la banca para poder implementar esto en buena forma. Los casos que han sido cuestionados son ínfimos respecto a la transaccionalidad total que esto implica. Claro, pretendemos que sea cien por ciento perfecto. ¿El problema dónde ha estado? En el Registro Civil, en la forma en que se conecta y se verifica la información que ellos tienen.

Esperamos que en este caso el regulador tenga una mirada, ojalá, de ayuda para hacer que esto funcione al cien por ciento. Y eso significa no centrarse únicamente en multar las situaciones en las cuales hay dificultades, sino que ser parte activa en poder solucionar esto, lo cual significa mejorar el sistema del Registro Civil.

Creo que lo más polémico fue una frase que quedó en una declaración de un personero de la CMF, donde no fue feliz el cómo se refirió a la acción de un banco. No correspondía calificar intencionalidad de privilegiar el trabajo comercial. No es así en los hechos ni en las cifras.

Con declaraciones de ida y vuelta, normativas que han criticado, y una acción legal que acaban de iniciar. ¿Está tensa la relación entre la CMF y los bancos?

En corto tiempo se han dado varias situaciones que se han sumado. Pero vuelvo al punto inicial que señalé. Nosotros incluso tenemos respeto y estima por las personas y lo que buscamos es que tengamos una agenda constructiva, en que podamos escucharnos, que es lo que yo he visto también, en que puedan, en el tiempo que queda para una serie de proyectos, tomar medidas y ponderar las dificultades para encontrar un camino de mejora.

Nuestro ánimo no es distinto al que menciono. Si hemos llegado a una situación de un caso extremo, de un recurso de ilegalidad, es que... no quisiéramos haber llegado a eso, pero creo que tenemos una diferencia sustantiva, legal y podrían haberse dado otros caminos. Pero, bueno, el regulador es autónomo en tomar sus decisiones. Ellos sabían que este era el camino que nos obligaba a tomar.