En agosto último se desplomó el número de Licencias Médicas Electrónicas (LME) emitidas por enfermedad o accidente común en el país: se registraron un total de 561.540 ese mes, anotando una caída de 23% en 12 meses, según las cifras que consolida la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso). Además, significó una disminución de 5% mensual.

Esta es la mayor baja mensual desde que el 20 de mayo pasado la Contraloría General de la República (CGR) emitió el noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC), donde reveló que entre 2023 y 2024 más de 25 mil funcionarios públicos viajaron fuera del país durante su licencia médica.

Lo cierto es que el escándalo que destapó Contraloría profundizó aún más el retroceso que ya venían registrando las licencias médicas en Chile, producto de distintas medidas que se han venido intensificando para su control, como las acciones judiciales emprendidas por isapres y la Fiscalía contra médicos acusados de emitir estos permisos en forma fraudulento, y la mayor fiscalización que se ha hecho a altos emisores.

Con esto, en lo que va del año se ha emitido un total de 4.894.501 licencias por enfermedad o accidente común, lo que constituye una baja de 11% con respecto a igual periodo de 2024.

En todo caso, la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) atribuye esta tendencia no solo al golpe de Contraloría, sino que además sostiene que tal disminución coincide con el bloqueo preventivo que la entidad realizó “a profesionales de la salud habilitados para emitir licencia médica, debido a comportamientos sospechosos”.

Esto, considerando que “durante los meses de abril y agosto se realizó el bloqueo preventivo de 456 profesionales”, según detalló.

En el mes en que el organismo que lidera Dorothy Pérez hizo público el tema -mayo-, el número total de LME emitidas por enfermedad o accidente común fue de 702.161, una caída del 18,1% contra igual mes del año anterior.

Luego, en junio, primer mes en que se pudo ver por completo el efecto de la denuncia de Contraloría, se emitieron 572.309 licencias, lo que representó una disminución del 11% respecto de junio de 2024. Y a continuación, en julio, se profundizó aún más la caída, cuando se registró una baja interanual del 19,2% en el número de LME emitidas, totalizando 590.616 LME.

A partir de esta tendencia al descenso que se ha observado, y que fue más marcada ahora en agosto, la economista de Horizontal, Soledad Hormazábal, cree que “es posible bajar más. En primer lugar, sabemos que también hay fraude en el sector privado y eso no ha sido abordado completamente”.

En segundo lugar, estima que esto se podría lograr “aprobando el proyecto de ley presentado por el gobierno que equipara las condiciones de las licencias médicas entre el sector público y el privado (introduciría tope a las licencias del sector público, y carencia, al igual que en el privado). Ese proyecto es muy importante y podría ayudar a contener aún más el gasto en licencias médicas. Desgraciadamente, no tiene urgencia”.

Por su parte, Carolina Velasco, directora de Estudios del Instituto de Política Públicas en Salud (IPSUSS) de la Universidad San Sebastián, comenta que si bien no hay un nivel definido en que debieran estar las licencias médicas, “lo clave es que la fiscalización y el mayor riesgo de sanción para los usuarios y emisores, claramente hizo que cambiara el comportamiento. Eso indica que hay licencias sin fundamento médico y que aumentar el riesgo de ser ´pillados´, junto con mayores consecuencias, da resultado".

Además, afirma que “la fiscalización o las medidas permanentes son las que funcionan, porque la fiscalización y publicidad (en el sentido de hacer públicos) los resultados de la Contraloría y seguir indagando ahora en los privados, ha generado un efecto más permanente. Si solo hubiera quedado en lo de mayo, de viajes de funcionarios públicos, el efecto podría haberse desvanecido en el tiempo, pero se siguió indagando en viajes y luego ahora en el sector privado”.

Esto, considerando que la Suseso publicó un informe sobre la fiscalización del uso de licencias médicas en el sector privado, donde identificó que 80.451 trabajadores que se desempeñan en él salieron del país estando con licencia, entre enero de 2024 y junio 2025.

Velasco concluye que, “dado que la Contraloría va a cambiar de tema en algún momento, y se dedicará a otras labores, es clave que se generen mayores incentivos que permanezcan en el tiempo para hacer un buen uso de este instrumento. Hay un proyecto de ley en el Congreso que tiene algunos cambios y que podría usarse como base para avanzar en estas medidas permanentes”.

Emitidas con pronunciamiento

Al ver las licencias médicas por enfermedad o accidente común que ya fueron pronunciadas, es decir, que ya fueron aprobadas, rechazadas, ampliadas, o reducidas; se obtiene que a agosto hay 4.694.566 LME de este tipo, lo que representa una baja de 10,5% versus el mismo lapso del año anterior.

La disminución es más pronunciada en los trabajadores afiliados a isapres (-18,3%) que en los de Fonasa (-8,9%).

Al desagregar las cifras por diagnóstico, se observa que “la distribución de las LME con pronunciamiento emitidas durante el período comprendido por los meses de enero y agosto del año 2025 es similar a la observada en el mismo período del año 2024, destacando que las licencias por trastornos mentales concentran más del 32% del total de las LME”, afirma el reporte de la Suseso.

En ese sentido, añade que “las licencias disminuyeron en todos los grupos de diagnósticos, con excepción de las enfermedades infecciosas, que registraron un pequeño aumento”.