Este miércoles el gobierno concretó el ingreso del primer paquete de indicaciones. Y tal como se había anticipado se incluyeron cambios en materias de los distintos ministerios sectoriales. Entre ellas están los recursos para partidas sociales como el programa de adulto mayor autovalente, el programa de habilidades para la vida. También de cuidados médicos de la Junaeb, glosas del Ministerio de Vivienda que son relevantes para la compra de terrenos de la política habitacional.

Todos estos cambios se verán en la discusión en la Cámara de Diputados, la que comenzará el lunes 17 de noviembre, un día después de los resultados de las elecciones presidenciales de primera vuelta y de las parlamentarias.

Esta es la primera ronda de indicaciones, puesto que una vez que sea despachada por la Cámara de Diputados al Senado se abre otro espacio de indicaciones y al final hay otro momento, antes que el proyecto sea analizado por la Comisión Mixta Especial de Presupuestos.

Precisamente en el Ejecutivo anticipan que los temas más complejos que se están discutiendo con la oposición quedarán para la recta final de la discusión del erario fiscal. A lo que apuntan las distintas fuentes del gobierno y la oposición es los temas relacionados con los ingresos fiscales y las dudas que siguen presentes en la discusión.

Al interior del Ejecutivo reconocen que una de las piedras de tope en la discusión es que, si bien la oposición muestra reparos a lo que se proyecta que recaudará la ley de Cumplimiento Tributario, no entregan cifras ni estimaciones de cuánto es lo que creen que recaudaría por lo que no hay una conversación en base a datos concretos.

Las cifras en cuestión

Desde el bloque opositor consideran que lo estimado en esa legislación, que es 0,73% del PIB, es “muy optimista”, sobre todo lo que se prevé recaudarán las medidas que buscan reducir la evasión y elusión del impuesto a la renta, que es 0,54% del PIB.

En el desglose de esa proyección para 2026, en lo relacionado con grupos empresariales se pretende recaudar 0,36% del PIB; altos patrimonios, 0,18% del PIB; IVA y comercio informal, 0,14% del PIB; medidas relacionadas con tributación internacional, 0,02% del PIB, y multijurisdicción, 0,03% del PIB.

En las reuniones que ha tenido el gobierno con la oposición, se les ha trasmitido que las herramientas y recursos adicionales que entrega la Ley de Cumplimiento Tributario al Servicio de Impuestos Internos (SII) han reforzado su capacidad recaudadora y fiscalizadora, enfatizando que esos resultados ya son visibles en lo que va de 2025.

En el Ejecutivo resaltan que el aumento del IVA como porcentaje del PIB refleja la ampliación de la base imponible de este impuesto, como consecuencia directa de la lucha contra la informalidad, elusión y evasión.

De hecho, en lo que va de este año los montos de IVA declarado acumulan un 13,5% del PIB, un máximo histórico si no se considera 2022. Respecto de igual período de 2024, los montos declarados aumentan en 0,18% de PIB, con un tercio del incremento explicado por IVA nacional y dos tercios por IVA importaciones.

Precisamente, para explicar más en detalle cómo está funcionando la Ley de Cumplimiento Tributario, el gobierno convocó a una reunión a la oposición con el SII, cita a la que sin embargo esta no llegó, ya que no la consideraron necesaria, dado que el SII es una entidad de gobierno.

Para la oposición, el Presupuesto estaría desfinanciado en torno a US$1.500 millones, por lo que “el gobierno debiera proponer recortes en torno a esa cifra”, hicieron ver en un petitorio de 11 puntos que le hicieron llegar este martes al Ministerio de Hacienda.